La Policía de Zaragoza ha desmantelado una red de contratación ilegal de mano de obra inmigrante, cuyas actividades fueron detectadas por la Tesorería de la Seguridad Social. En la operación fueron detenidos un matrimonio de ciudadanos de origen rumano, propietarios de la empresa de construcción Valy Braila, con sede social en la calle de Gil Morlanes, y un gestor administrativo de la capital aragonesa.
Según informó ayer el comisario jefe de la Brigada Judicial de la Policía, Esteban Gándara, en rueda de prensa con el delegado del Gobierno, Javier Fernández López, la constructora había contratado a un importante número de inmigrantes rumanos, la mayoría de ellos sin papeles y todos sin permiso de trabajo.
Los empleados habían sido dados de alta en la Seguridad Social, pero el empresario detenido había dejado de pagar las cotizaciones el pasado mes de marzo y ya debía 100.000 euros.
Este impago fue la causa por la que se descubrió esta organización ilegal, cuando en Tesorería de la Seguridad Social se revisó el sistema de remisión electrónica de documentos y se detectaron irregularidades en las contrataciones tramitadas por un gestor administrativo.
La empresa implicada realizaba en la actualidad diversas obras en las provincias de Huesca, Castellón y Zaragoza. En esta última construía una promoción de 180 viviendas en Montecanal y también trabajaba en una obra en la localidad de Muel.
Según Gándara, además del impago de las cotizaciones, los empresarios sólo pagaban en especie a los empleados, ofreciéndoles durante los primeros meses "alojamiento y alimentos a cambio de su trabajo".
La empresa tenía dados de alta a 53 trabajadores y desde el pasado mes de enero había empleado a un total de 117 inmigrantes. En las inspecciones realizadas en los lugares de trabajo, dos en Huesca y uno en Castellón, además de los de Zaragoza, se identificaron a 58 ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones han sido realizadas durante la última semana por efectivos de de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, que se desplazaron desde Madrid a las provincias afectadas para efectuar los registros.
A los empresarios y al gestor detenidos, que en las próximas horas serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia, la Policía les imputa delitos contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social, falsedad en documento público y otros.
Durante el último año, la Policía de Zaragoza ha desarticulado varias redes que traficaban con ofertas de trabajo para inmigrantes a cambio de cantidades que oscilaban alrededor de los 600 euros.
