Las diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel se han visto obligadas a retirar toda una serie inversiones previstas después de que el Congreso tumbara este jueves el decreto de Hacienda sobre los remanentes y el fondo de 5.000 millones para las entidades locales. Además de esas cuestiones, la norma impulsada por el ministerio y los socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) iba a permitir destinar los superávits de los años 2018 y 2019 a inversiones financieramente sostenibles. En este sentido, la DPH, la DPZ y la DPT habían ya preparado sendos fondos de inversión, valorados en un total de 20,1 millones de euros, para los municipios de sus provincias.
En el caso de la diputación oscense, ayer tuvo que retirarse del orden del día del pleno varios puntos que implicaban destinar hasta 6 millones a diferentes actuaciones. En concreto, las previsiones del equipo de Gobierno de la DPH era aprobar un fondo de inversiones financieramente sostenibles de 3,5 millones de euros al que iban a poder acceder todos los ayuntamientos de la provincia menos la capital. Además, otras tres partidas sumaban 2.413.000 euros que se iban a dedicar a otras cuestiones. Todo ese dinero salía del superávit de los dos últimos años de la diputación. Ahora ya no lo pueden gastar.
Según Miguel Gracia, presidente de la DPH, el decreto presentado por Hacienda ha sido «la única opción que se ha planteado hasta ahora» y en los últimos ocho años (desde que se aprobó la Ley Montoro) para que las administraciones locales puedan invertir sus remanentes, gastar el superávit de los últimos años y poder superar el techo de gasto.
Y esta misma situación se ha repetido en la Diputación Provincial de Teruel y en la de Zaragoza. En el caso de la administración turolense se había planteado dotar de 10 millones a un fondo de inversiones municipales sostenibles que iban a «favorecer la generación y el mantenimiento del empleo», decía la DPT en una nota de prensa en la que se estimaba que estas inversiones iban a promover hasta 500 obras en los ayuntamientos turolenses. La DPZ, por su parte, había aprobado este miércoles destinar 5,1 millones de su superávit a mejorar los servicios públicos y caminos de la provincia, propuesta que ahora decae como consecuencia de la derogación del decreto estatal.
Por otra parte, en el ayuntamiento de Zaragoza sigue coleando la guerra emprendida por el alcalde de Zaragoza contra Hacienda. Jorge Azcón no renegó ayer de la oportunidad de volver a comparecer ante los medios y denunció, de nuevo, la postura del ministerio de Hacienda. Consideró «inaceptable» la propuesta de que 3.000 de los 5.000 millones se desvincularan de que los ayuntamientos cedan sus remanentes y pidió que la cuantía total se otorgue «sin condiciones» y por población. Asimismo, pidió a Hacienda que no ejerza con «revanchismo», y anunció que el lunes se reunirán los portavoces de la FEMP para debatir una nueva propuesta. Además, Azcón estará hoy en Teruel junto con la regidora de la capital turolense, Emma Buj, y otros miembros del PP autonómico para «defender el municipalismo».
La portavoz socialista en Zaragoza, además, también compareció para criticar la postura de Azcón al que le reprochan que «su intención» sea la de ganar visibilidad en Madrid y en su partido. El lunes se celebrará un pleno extraordinario en Zaragoza (otro más) impulsado por el PSOE para pedir la derogación de la Ley Montoro. Fue hace ocho años cuando se aprobó esta ley orgánica que ha impedido a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes.
Mientras el PSOE, tanto en el consistorio zaragozano como en las diputaciones, lamentaba la derogación del decreto y el posible pacto que se podría haber alcanzado, los partidos de Gobierno mostraban ayer cierta división sobre el decreto. Mientras PAR y CHA atacaban la propuesta inicial del Gobierno central, e instaban a alcanzar un nuevo acuerdo, Podemos se centraba en el perjuicio de la Ley Montoro del PP, al que acusaba de «hipocresía». La formación morada confiaba en que se cumpla el compromiso de derogar esta norma de estabilidad.
Abel Caballero no dimitirá y dice que se siente respaldado
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, aseguró ayer que «por supuesto que no» presentará su dimisión en la reunión de la junta de portavoces, que se celebrará el próximo lunes, tras la derogación del decreto ley de remanentes municipales. Caballero avanzó que en esa reunión planteará algunas «ideas» y escuchará «a los miembros de la junta y veremos lo que se puede hacer» para recibir financiación para afrontar el proceso de reconstrucción frente a la pandemia del coronavirus, aunque ha advertido de que, tras la votación ayer en el Congreso, «un descalabro» para el municipalismo, «partimos de cero». También aseguró que no se siente cuestionado. Por su parte, el PSOE descartó también ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a impulsar un nuevo decreto sobre los remanentes municipales, aunque fuentes del partido sugirieron que «algunos de los aspectos» del texto rechazado por el Congreso se pueden retomar «en alguna otra ley», como la de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
