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RELEVOS EN LA PRESIDENCIA

Caja Rural de Teruel afronta cambios en su directiva y mejora su solvencia

La entidad tenía autorizado llevar a cabo ampliaciones de capital por importe máximo de 36 millones de euros hasta el 2020

 

Una de las oficinas de Caja Rural Teruel. - EL PERIÓDICO/ ARCHIVO

EFE
27/06/2019

Caja Rural de Teruel ha aprobado los relevos en la presidencia y en la dirección general de la entidad a lo largo de una asamblea en la que se ha destacado que al cierre del ejercicio de 2018, el coeficiente de solvencia es de 12,25 %, superior al exigido y la ratio de eficiencia del 47,73 %, cifras que mejoran las del sector.

Así lo han defendido los responsables de la entidad durante la asamblea general celebrada este jueves en Teruel, en la que se ha aprobado el cese del presidente de la entidad, Jerónimo Carceller.

También han cesado otros cinco consejeros más y se ha aprobado la entrada de seis nuevos nombres, para alcanzar los doce que conforman el consejo, de entre los que se elegirá al nuevo presidente cuando todos tengan el visto bueno del Banco de España y pueda formarse el nuevo órgano rector.

También en esta asamblea se ha dado cuenta de la baja de José Antonio Pérez Cebrián como director gerente desde hace 27 años, que ha accedido a su jubilación anticipada de mutuo acuerdo con el consejo y que recientemente salió elegido presidente de CEOE Teruel, cuyo relevo está también todavía pendiente.

Carceller ha explicado en la rueda de prensa posterior a la asamblea que ha sido un ejercicio "complicado por las nuevas regulaciones" del sector, que llevarán a que en España "el crédito se va a restringir".

En ese contexto, ha destacado la garantía que supone contar con depósitos en la Caja Rural, que es además líder en la provincia de Teruel y ha mantenido empleados y oficinas.

En este marco de estabilidad ha destacado la decisión tomada en 2018 de incorporación al Mecanismo de Refuerzo de Solvencia y Liquidez (MIP) lo que permitió a la entidad utilizar sus recursos para hacer un saneamiento de riesgos y garantizar así que, en caso de impagos, pudiera afrontar "perfectamente" el reto de un escenario actual en el que los márgenes financieros se han reducido.

La entidad tenía autorizado por la asamblea general de socios de 2017 llevar a cabo ampliaciones de capital por importe máximo de 36 millones de euros hasta el año 2020. De ellos, el consejo utilizó 6 millones de euros, quedando como parte no utilizada 30 millones de euros.

Tras las dotaciones realizadas durante 2018, la Caja ha reforzado sus recursos propios mediante la ampliación 25 millones de euros para cubrir el coeficiente de solvencia establecido por el regulador financiero.

Teniendo en cuenta estas acciones, según la entidad, Caja Rural de Teruel alcanzará un nivel de solvencia por encima del 15,77 %, por encima de los requisitos, de forma que tras la ampliación de capitales quedará dotada con todos los mecanismos necesarios para hacer más ágiles las operaciones con el capital social de la entidad.

La proyección de futuro, han destacado los responsables de la entidad, es positiva teniendo en cuenta que la caja obtuvo un beneficio de 10,5 millones de euros hasta mayo de 2019.

Al cierre del ejercicio 2018, la Caja ha mantenido sus márgenes a niveles similares a años anteriores, siendo el de intermediación de 24,9 millones de euros, el margen ordinario de 36,7 millones de euros, y el margen de explotación de 19,2 millones de euros, cifras muy similares a las del ejercicio 2017.

Así mismo, Caja Rural de Teruel ha conservado el margen bruto por encima de los 36,6 millones de euros, cifra muy aproximada a la del ejercicio anterior, y ha destinado 17,4 millones de euros a gastos de explotación, y 43,2 millones de euros a provisiones.

Dichas provisiones las ha llevado a cabo siguiendo la exigencia de la nueva normativa financiera, aplicable desde 2018.

Por su parte, las reservas totales de Caja Rural de Teruel a cierre de 2018 ascienden a 44,2 millones de euros, cifra que supone casi el triple de lo necesario para absorber el saneamiento llevado a cabo.

Además, la cobertura de la morosidad se ha situado en el 61,53 % a cierre de ejercicio 2018, frente al 50,09 % de 2017.

El total activo es de 1.503,2 millones de euros y el balance medio, también superior al de 2017, es de 1.480,9 millones.

Por su parte, los créditos han disminuido un 4,8 %, y los depósitos en balance un 2,11 %.

Además, los adjudicados netos ascienden a 40,98 millones de euros, frente a los 41,39 millones de 2017.