La segunda sesión con comparecientes de la comisión de investigación para analizar el modelo de gestión del plan de saneamiento y depuración de las aguas de Aragón contribuyó poco a esclarecer si en este hubo irregularidades políticas o si se cometió un desmán con el dinero público. En la sesión de ayer los grupos escucharon a diez personas de distintas administraciones en el periodo en el que se ejecutó el plan. Entre ellos, el presidente de la CHE del 2004 al 2008, José Luis Alonso o el director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, que fue el máximo responsable de este organismo -y uno de los defensores del modelo—del 2003 al 2007 y del 2012 al 2015.

Cajal, a preguntas de los diputados, se mostró convencido de que el Banco Europeo de Inversiones no financió el plan aragonés por culpa de la plataforma defensora del agua pública, RAPA. A su juicio, el organismo europeo se echó atrás ante la incertidumbre y la conflictivad que a su juicio suponía la RAPA, que había remitido un memorándum al organismo cuestionando este plan.

CONFRONTACIÓN / Este argumento fue desmontado por las diputadas de Podemos y de IU, Marta de Santos y Patricia Luquin, quienes leyeron un infome del BEI en el que este ponía en cuarentena el plan aragonés --novedoso y pionero en toda Europa, según sus defensores-- precisamente por no presentar la evaluación ambiental. Este aspecto centró gran parte del debate de ayer, junto a la confrontación del modelo de concesión conveniada entre lo público y lo privado frente al de la concesión directa por parte de la Administración.

Lo mismo sucedió con las preguntas realizadas --con especial énfasis por parte de la diputada de Podemos y coordinadora de la comisión, Marta de Santos, y por la de IU, Patricia Luquin-- para intentar dilucidar por qué el Instito Aragonés del Agua delegaba en Sodemasa la licitación de la redacción de los proyectos del plan de depuración. Estos se encomendaron a diecisiete consultorías con un coste de 2,7 millones de euros.

Esta acción fue defendida con énfasis por Alfredo Cajal, así como por el secretario general del IAA, Fernando Otal. «El Instituto Aragonés del Agua habría necesitado 36 personas para 36 depuradoras», indicó Otal, mientras que Cajal insistió en esta falta de personal por parte del IAA para llevar a cabo el control de los 131 contratos que debían redactarse. «Todo se hizo desde la más absoluta legalidad», destacó Cajal, quien mantuvo un enfrentamiento dialéctico con De Santos.

También compareció el presidente de la CHE en el 2004, José Luis Alonso, quien admitió que entre él y el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, no había «demasiada química». Alonso admitió que hubo «insistencia» en el Gobierno autonómico para optar por el sistema concesional cuando se firmó el convenio con el Estado, modelo del que él no es partidario, aunque admitió sus ventajas por permitir una financiación a largo plazo (una cuestión que también destacó otra de las comparecientes, la exdirectora general Marina Sevilla). Alonso insistió en que «no es partidario» de pasar «la pelota de la financiación a las generaciones futuras». José Antonio Martínez, jefe de obras del IAA, consideró el plan de depuración «demasiado ambicioso y no estrictamente necesario»

El director del área de Planificación del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Francisco Aranda Martín, aseguró que él no participó en temas de depuración, pero sí recordó un informe de un pleno monográfico que se celebró en el 2013. En el mismo se hacía referencia a la depuradora de Fabara, «la única que no era convencional». Los análisis, señaló, revelaron que en esta instalación no se cumplían la mayoría de los parámetros.

Cristina Quirós Castro, interventora de la Administración y experta en contratación pública, explicó que los contratos públicos son objeto de varios tipos de controles, uno previo a la firma, otro a la licitación y uno más relativo a la financiación. Respecto al IAA, dijo que, al tratarse de una entidad especial de la Administración, el control es «distinto». En cualquier caso, señaló, «si se produce una desviación o error, se detecta posteriormente».

«Hasta el 2011, no me constan irregularidades» respondió a preguntas del diputado de Cs, Jesús Sansó, pues hasta entonces su departamento no tenía «ningún contacto» con el IAA. En respuesta a Patricia Luquin, de IU, manifestó que si los procesos de contratación administrativa se revisan en cada paso se minimizan los riesgos de que se produzcan incumplimientos.

Sesiones maratonianas / Paula Bardavío, que en el 2009 se hallaba en la Dirección General de Servicios Jurídicos, indicó que los contratos de depuración eran objeto de «sesiones maratonianas» para su estudio pormenorizado por su gran complejidad técnica. Declaró que en todos los casos se comprobaba la solvencia de las empresas y la financiación de los proyectos. «Se presentaban muchísimos licitadores antes de la crisis, más de 15 ofertas para cada zona», declaró, de ahí que el proceso de selección fuera «muy largo». «Si hubiera habido alguna irregularidad, me habría opuesto», añadió Bardavío, que informó de que los motivos por los que un licitador recibía determinados puntos era objeto de especial seguimiento.

Desde su punto de vista, el control fue exhaustivo en las mesas de contratación. «Se veló por el cumplimiento de la legalidad y no se apreció la existencia de criterios que pudieran socavar los principios de legalidad», insistió la exresponsable de los servicios jurídicos. El corolario, apuntó, fue que «las licitaciones se ejecutaban correctamente», pero precisó que su departamento no llegaba a conocer el desarrollo de la ejecución de los contratos al no ser ese su cometido.