Juan Carlos G. D. se sentó ayer en el banquillo enfrentado a una pena de siete años de cárcel por presuntos delitos de proxenetismo y retención ilegal a las prostitutas, que según la Fiscalía cometió hace diez años. Un mal trago para cualquiera, pero que en su caso fue casi una liberación del calvario que, según explicó con su abogada, ha sufrido para llegar hasta el día de ayer. Incluídos dos años y cuatro meses en una cárcel brasileña que, asegura, han sido "como quince en cualquier otra".

En la sala explicó más bien poco, como los pocos testigos que se oyeron. En su contra obra el testimonio de una joven prostituta brasileña que, en noviembre del 2004, aseguró a un policía local en plena calle que había distraído a sus captores, que la retenían contra su voluntad en un chalet para ejercer la prostitución. De la muchacha no se supo nada, al menos judicialmente, desde que denunció.

Él admitió que era el que tenía alquilado el chalet, e incluso que "seguramente" en él se ejercía la prostitución. Pero negó que fuese a recoger a la chica a Madrid, ni que tuviese ninguna relación con el negocio, mucho menos forzoso.

De la investigación derivaron tres imputaciones que se hayan podido juzgar, pero dos de ellas acabaron en absolución ya en el 2008, ante la falta de pruebas. En ese juicio no estuvo Juan Carlos G. D., que por entonces llevaba dos años viviendo en Brasil con su mujer. El juez instructor le puso en busca y captura.

Fue una declaración que, para la actual abogada del hombre, Begoña Heras, no tuvo sentido. Porque, según los documentos que aportó ayer, su cliente, sabiendo que estaba incurso en una investigación policial, había dejado notificado en el consulado y en otras instancias su cambio de residencia. "Ni siquiera cambió de identidad", expuso la letrada.

Tanto fue así que, cuatro años después del juicio, el hombre apareció en el conocido programa de TVE Españoles por el mundo, como orgulloso propietario del restaurante de la Casa de España en Salvador de Bahía y acérrimo hincha del Atlético de Madrid.

A raíz de esa aparición --al menos aparentemente, por las fechas--, la Policía le localizó y arrestó, y permaneció dos años y cuatro meses en un correccional brasileño antes de ser extraditado a la prisión madrileña de Soto del Real, a finales del pasado mes de octubre. Un plazo que ni él ni su abogada se explican, y que le ha costado la quiebra de su negocio, al no poder atenderlo.

La Audiencia Nacional decidió ponerle en libertad hasta el juicio, fijado para ayer. Su situación mejoró en cuanto a la libertad, pero poco más. Según expuso, le trajeron sin documentación --salvo la brasileña, que obtuvo hace años--, y le dejaron con 30 años. Ha vivido más de un mes en la indigencia, afirma, y sin poder siquiera pedir ayuda a su esposa en Brasil, ya que no puede acreditar suficientemente su identidad para que le mande algo de dinero.

Su abogada pidió a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que dictaran in vocce la sentencia absolutoria en la que confía, para que pueda volver a Brasil, con la única familia que le queda. Pero estos solo pudieron prometer que se darán prisa en valorar si deben absolverle o seguir el criterio de la Fiscalía y devolverle a prisión.