El director general de Caja Inmaculada entre enero de 2001 y septiembre de 2007, Luis Calvera, ha asegurado hoy que en junio de 2005 elaboró, junto con otros ejecutivos de la entidad, un informe que trasladó al Consejo de Administración en el que alertaba de los riesgos y dudas sobre la excesiva concentración del negocio de la caja en torno al sector inmobiliario.

Calvera ha dicho que en enero de 2005, junto con los entonces directores generales adjuntos, Tomás García Montes y Antonio Hernández Borja, y el que lo fue entre enero de 2009 y noviembre de 2011, Juan Antonio García Toledo, mantuvieron una reunión privada, y de la que por tanto no hay actas, con la presidencia para explicar las "dudas y reparos" sobre el negocio inmobiliario y sus perspectivas de futuro.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria que analiza la gestión de CAI, también ha indicado que en junio se mantuvo una reunión más amplia con los miembros del consejo de administración y con promotores inmobiliarios para entregar documentación sobre este asunto, en la que se alertaba de los peligros de firmar nuevas operaciones inmobiliarias, especialmente en suelos inmaduros.

No obstante, durante su comparecencia, Hernández Borja ha asegurado que no recuerda ninguna de estas reuniones y se ha preguntado cómo la CAI, ante las señales de alerta sobre el peligro del excesivo peso del negocio inmobiliario, "siguió por ese camino".

"No entiendo cómo el presidente no dijo hasta aquí hemos llegado", ha enfatizado.

Tampoco García Toledo, quien ha comparecido hoy también, recuerda esta reunión y, de hecho, ha mostrado su sorpresa porque "no contaba con la confianza" de Calvera, lo que hace improbable que pudiera participar en una reunión de este tipo.

Las declaraciones de Calvera, que ha asegurado que sus sucesores "no hicieron caso" de lo que su equipo decía, contrastan con las que han realizado el resto de comparecientes en esta comisión en sus tres sesiones anteriores.

Ellos han achacado a Calvera y a quien le sustituyó, García Montes, gran parte de la responsabilidad del fracaso de la CAI, por sus "prácticas temerarias", sus "abusos de poder" y su "soberbia" y "falta de control".

La comparecencia de García Montes estaba prevista hoy, pero según ha explicado el portavoz de turno, el diputado de IU Luis Ángel Romero, no ha sido posible localizar su domicilio para entregarle la citación, y ahora se ha vuelto a requerir a la Delegación de Gobierno, al INE e incluso al INSS para que comuniquen a las Cortes si conocen la dirección del exdirector general.

Calvera ha asegurado que no comparte las críticas, ha insistido en que el Consejo de Administración disponía de toda la información relativa a la actividad inmobiliaria de CAI, y ha instado a los diputados a consultar las actas para comprobarlo.

"Nunca" ha habido "opacidad" respecto a las sociedades participadas y la actividad de CAI Inmobiliaria, ha abundado.

Los miembros de la comisión han pedido estas actas pero hasta el momento no se las han proporcionado, ha apuntado Romero.

Luis Calvera ha recurrido a las evasivas en varias de sus contestaciones y, así, ha indicado que no sabe qué pudo ocurrir para que la CAI se sumiera en la crisis y que no recuerda quién propuso la contratación de García Montes, aunque "probablemente" fuera él quien lo propusiera como director general adjunto.

Hernández Borja, por su parte, ha coincidido con los comparecientes de sesiones anteriores en señalar el excesivo poder, "incluso autoritario", de los directores generales Calvera y García Montes, que tomaron decisiones relacionadas con el negocio inmobiliario con "resultado nefasto" para la CAI.

El director general entre julio de 1985 y enero de 2001, Juan José Grávalos, también ha comparecido hoy, y ha mostrado ante la comisión su decepción por el hecho de que Calvera, a quien él propuso como su sucesor, "abusara del poder" y se "extralimitara".

Ha rehusado culpar a nadie del fracaso de la CAI, pero sí que ha reconocido un "desenfoque en la gestión", "equivocaciones" y "despistes", con una dependencia del sector inmobiliario más allá de lo que hubiera sido "prudente".