La Cámara de Cuentas de Aragón remitió el pasado mes de mayo al Ayuntamiento de Zaragoza un borrador de informe de fiscalización de los ejercicios 2016 y 2017 que ha puesto en duda criterios de contabilidad de las finanzas municipales en lo que respecta al endeudamiento y a la ejecución presupuestaria. Se trata de temas relevantes que, en algunos casos, contradicen lo concluido por otras instituciones, como el propio Ministerio de Hacienda o el Banco de España. En otros supuestos, llega a adelantarse al fallo de los tribunales. Es el caso de la sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que en el 2016 dio la razón a la cooperativa de trabajadores (SCUT) que competía con Avanza por llevar la contrata del bus y declaró nula la adjudicación del 2013. Ahora, está a punto de pronunciarse el Tribunal Supremo, instancia a la que fue recurrida aquella sentencia, pero la Cámara de Cuentas ya cifra en 48.081.450 euros el lucro cesante con el que, estima, habrá que indemnizar a la cooperativa, que fue excluida en el concurso público. El 6% de un contrato firmado por 801,35 millones.
Esta es una de las numerosas cuestiones que el borrador de informe pone de manifiesto y que los responsables de Economía y Cultura del consistorio ya respondieron con alegaciones presentadas el 14 de junio, justo un día antes de la toma de posesión de la actual corporación. Un escrito que desmonta muchas de las incorrecciones que los técnicos pusieron de manifiesto. Y que esperan que sean corregidas en el informe definitivo.
Lo cierto es que se observa un «criterio de imputación contable distinto al del ayuntamiento y al del Banco de España». Así lo señaló ayer, en declaraciones a este diario, la nueva responsable de Hacienda en el consistorio, María Navarro, quien pidió «prudencia». Y apeló a la «auditoría interna de todo», del consistorio, patronatos y sociedades públicas, que el Gobierno PP-Cs piensa encargar «esta semana» y referida solo «al último año de gestión». Mientras, en paralelo, se contestará nuevamente a aquel borrador, ya respondido el día 14, con nuevas consideraciones que estiman igualmente incorrectas.
Otra de ellas se centra en la controversia suscitada por la deuda del tranvía, que llevó al Ministerio de Hacienda a imponer, en septiembre del 2018, un veto a captar más créditos al imputarle a Zaragoza la totalidad de la misma, es decir, 189 millones de euros. Ahora la Cámara de Cuentas considera que esa cifra es de 210 millones, 21 más que la fijada de forma definitiva por el ministerio al ayuntamiento.
También hace alusión a los fallos ya juzgados por las revisiones de precios de las contratas de limpieza viaria y recogida de basuras. Y la Cámara de Cuentas llega a duplicar esa deuda con respecto a lo que la propia empresa reclamaba al consistorio. Así, apunta a que son 44 millones, 11 anuales entre el 2014 y el 2017, cuando la contrata exigió, en febrero, entre 6 y 6,5 millones por ejercicio.
