La Cámara de Cuentas de Aragón considera que las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza en 2016 expresan “la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera de la entidad”.
Asimismo, en relación con el cumplimiento de legalidad, las áreas analizadas “resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable”.
Esta “opinión favorable”, no obstante, viene acompañada de una serie de “salvedades” y de un total de hasta siete recomendaciones para mejorar la gestión de la institución académica, informa el Organismo en una nota de prensa.
Este trabajo, que analiza minuciosamente una estructura compuesta por 79 unidades, entre facultades, departamentos, institutos de investigación y demás centros e instalaciones, fue presentado en las Cortes de Aragón el pasado martes para iniciar su pertinente tramitación parlamentaria.
A su vez, como es preceptivo, también ha notificado al rector de la Universidad, responsable de la entidad fiscalizada, y al presidente del Gobierno de Aragón, al ostentar la Comunidad autónoma la competencia en materia de universidades.
También ha realizado el seguimiento de las incidencias detectadas en anteriores fiscalizaciones, cuyo resultado se expone en las distintas áreas del informe, y plantea siete propuestas para mejorar los desajustes detectados.
En este sentido, cuatro de estas recomendaciones abordan el ámbito financiero, y van desde la solicitud de evitar el sobredimensionamiento de los ingresos a, por ejemplo, priorizar “un registro de las obligaciones reconocidas financiadas con recursos afectados”.
Las otras tres cuestiones se centran en la necesidad de reforzar el papel del control financiero en áreas como la de personal, con una especial atención al cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Según el informe, ello requerirá “introducir un sistema de control horizontal de todos los gastos y contratos realizados por todos las unidades de gasto” con el fin de “minimizar el riesgo de descoordinación”.
Desde un punto de vista cuantitativo, la parcela de la auditoría financiera, que como se ha apuntado expresa una “imagen fiel” de los aparatados analizados, ofrece tres “incorrecciones”.
Son una sobrevaloración en los ingresos procedentes del Estado por becas y compensaciones, la ausencia de “provisión alguna” para los compromisos asumidos por el Plan de Jubilaciones Incentivadas y diversas incidencias en relación al inmovilizado.
Desde la perspectiva del cumplimiento de legalidad, la otra gran materia de análisis de este tipo de informes, los “incumplimientos” son dos, y se dirigen hacia las áreas de personal y de contratación, en cada caso.
