La Cámara de Cuentas de Aragón detectó numerosas irregularidades contables en su análisis de los consorcios que gestionan el aeropuerto de Teruel y el túnel de Bielsa-Aragnouet, correspondientes al 2016. Casi todas relacionadas con un cierto descontrol contable (como usar el plan aragonés, y no el de entidades locales que usan), aunque algunas llamativas en cuanto a contratación o falta de reserva de fondos para litigios pendientes. El organismo fiscalizador remitió su último informe, sobre estos dos organismos, a las Cortes de Aragón, que ayer hicieron públicos los resultados.
Según estos, en cuanto al aeródromo turolense, no cuenta (o contaba, en el año del análisis) con una caja de efectivo para reflejar las tasas abonadas en el aterrizaje de aviones. Y en sus planes, no contabilizaba adecuadamente ni un préstamo de 1,5 millones de euros del Ministerio de Industria ni las aportaciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que al tener carácter finalista (solo se pueden gastar en lo que están destinados) debería ser reflejado como gasto de financiación afectado. Esto afecta al cálculo de la situación financiera real de la entidad.
El aspecto más aparentemente grave se daba en las ofertas de contratos, con «bajas muy elevadas» y no justificadas, que dificultan que los licitadores tengan información inicial sobre hasta dónde deben rebajar su propuesta. También había carencias en la motivación de la adjudicación, ni documentación que acredite el control de los materiales y personal adscritos a los contratos.
En cuanto al túnel de Bielsa, las cuentas parecen incluso más caóticas: hay gastos en categorías que no les corresponden, operaciones que no son del ejercicio, o instalaciones y mejores contabilizadas como gasto cuando son inversión. También falta detalle de valores en obras que globalmente se computaron por 18,6 millones de euros.
LITIGIOS
En el caso de la infraestructura fronteriza, lo que más llama la atención en el análisis de la Cámara de Cuentas es que no se habilitase una partida reservada para litigios judiciales pendientes de resolución, que en el ejercicio analizado sumaban 10,2 millones de euros. Algo que ya detectó una auditoría externa previa, y que de hecho le hizo ser el único consorcio público en no recibir un dictamen totalmente favorable.
Por lo demás, el túnel de Bielsa tampoco se libra de las suspicacias en los contratos. Existe, a juicio de la Cámara de Cuentas, una «insuficiente justificación del precio» en los formalizados, y también del procedimiento, que ne ocasiones «no ha sido el procedente». También hay gastos sin amparo contractual y apuntes contables sin desglosar.
