La empresa pública Sarga es la encargada de gestionar los contratos de urgencia para los daños provocados por las riadas, como las que se están produciendo en estos momentos en la cuenca del Ebro. La Cámara de Cuentas reclamó ayer, durante la presentación del informe de fiscalización de la entidad correspondiente al año 2015, agilizar este mecanismo primando la adjudicación directa a través de la DGA, una fórmula contemplada por la legislación. «Si el Gobierno tiene la facultad de adjudicar inmediatamente estos contratos, no acabamos de entender desde el punto de vista de la eficacia qué se gana haciéndo el encargo con la mediación de Sarga», argumentó el recientemente designado presidente de la Cámara de Cuentas Alfonso Peña.

En este sentido, señaló que como en situaciones «excepcionales» se puede impulsar una adjudicación directa a un empresario local, desde el órgano fiscalizador dudan sobre la legalidad de usar la figura interpuesta de una sociedad mercantil del sector público.

Por su parte, el vicepresidente Luis Rufas, destacó que tras la fusión entre Sirasa y Sodemasa en el 2012 ya habría llegado el momento de unificar los convenios colectivos de los trabajadores. «Se tendría que determinar una situación de reequilibro para fijar las asignaciones de forma permanente», indicó.

El informe de fiscalización que se presentó ayer ante las Cortes detectó en su momento fallos con la contratación y ordenación del personal, la percepción de dietas y retribuciones y con el saneamiento financiero.