Aparte de encerrar a las cerdas en grupos y de reconocerles unos espacios mínimos, el decreto del 2002 establece las medidas que deben tener las rejillas que surcan el suelo libre de las explotaciones. Este último punto ha traído de cabeza a las granjas aragonesas. "Al hacerse todo en el último momento, han faltado enrejados tanto dentro de la comunidad como fuera", explican desde la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Juan José Sancho, miembro de la junta directiva de ARAGA, señala que, en algunos casos, las esperas han llegado a los nueve meses. Las quejas de I. E., propietario de una granja cerca de Belchite, van por otro lado: "no entiendo por qué me tienen que hacer cambiar toda la instalación por unos milímetros. La pusimos nueva hace ocho años", asegura este ganadero que ha tenido que desembolsar 15.000 euros.