La decisión del jurado que, anteayer por la noche, declaró no culpables a los tres acusados en el caso karts de Plaza sorprendió a gran parte de la concurrencia. De hecho a casi toda, salvo a ellos, que manifestaron tras absolverles la magistrada que no se esperaban otra cosa. Los abogados del exgerente de la plataforma logística Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado Carlos Escó y el propietario del kartódromo Aragón, Santiago Becerril -José María Gimeno del Busto, Juan Monclús y Valentín Romero, respectivamente- deslizaron varias claves a lo largo de la vista.

1. Una confesión

autoinculpatoria con

una versión opuesta

Lo más chocante de este caso es, sin duda, que uno de los acusados, Santiago Becerril, mantuvo hasta sus últimas consecuencias que había pagado una comisión ilegal (aunque al principio él no fuera consciente de que lo era) a García Becerril, en sobres con billetes de 500. Y que este le decía que eran para repartírselos con «el consejero, ese de barba», identificado como Escó. El fiscal no se cansó de subrayar que esa confesión, mantenida ante la Policía cuando le interrogó, ante el juez instructor y en el propio juicio, dio origen a todo el caso y tenía un valor extraordinario, ya que, sin ella, el mismo Becerril se hubiera librado del banquillo. Y con él, sus compañeros. García Becerril, como es lógico, negó haber recibido nada, y sus abogados señalaron incoherencias en el resto de su declaración policial, al atribuir extracciones de dinero a pisos que aún no se había comprado en aquella época (2004). Los letrados también señalaron que la confesión le reducía la petición de pena. Y el jurado (7 de sus 9 miembros) concluyó que tanto valía la palabra de uno como de otro, que no era prueba suficiente.

2. Unas extracciones de

dinero «raras» pero de

destino desconocido

En rigor, no era solo la palabra de uno contra la del otro. Becerril confesó al señalarle la Policía las tres extracciones por la misma cantidad -algo más de 220.000 euros-, que coincidían con los pagos de 2 millones que le hacía Plaza por el terreno. Pero para el jurado, una cosa es acreditar que el dinero se sacaba, y otra muy distinta a qué lo destinó. En el mismo sentido, los gastos en efectivo de origen desconocido de García Becerril y Escó fueron vinculados a la mordida por la coincidencia. El primero no entró en el asunto, y el segundo aportó un informe de ingresos, quizá cuestionable (se habló de 144.000 euros de una herencia, «aparecidos» en casa del padre de Eva Almunia), pero no contradicho. Como recordó Monclús, la prueba corresponde a quien acusa.

3. Una denuncia bajo

sospecha y unas

tasaciones surrealistas

Inicialmente, el caso se sustentaba en dos patas: el pago de la comisión y el precio desorbitado de 6,3 millones por el negocio. Aunque no era materia del caso como tal, las defensas abonaron durante la vista, con documentos, el asunto del excelgate. Esto es, que Jesús Andreu, que sucedió a García Becerril como gerente con el cambio de Gobierno PSOE-PAR a PP-PAR, aportó una hoja excel con datos incompletos del valor de otros terrenos de Plaza. Lo que indujo a confusión tanto a la Policía como al perito judicial que tasó el negocio en 2,3 millones. Esto último al menos fue aceptado tácitamente por la Fiscalía, que acabó por dar por bueno el precio pagado, aunque mantuviese que hubo malversación por la mordida. Las periciales de parte sobre el precio del negocio fueron tan dispares (de 915.000 euros a 6,8 millones) que ni entraron en el cuestionario al jurado. La ley no fija un marco común de valoración.

4 Los caudales

públicos seguirán a

criterio del Supremo

No deja de ser curioso que, como señaló el fiscal, gran parte de las sesiones de juicio se dedicasen a debatir sobre el precio del terreno, que prácticamente ni se mencionó en el objeto del veredicto final. Y tampoco tuvieron relevancia las escasas preguntas sobre el carácter público de los fondos de Plaza, que harían posible el delito de malversación, porque este no se dio por probado. Analizar esto seguirá en manos del Tribunal Supremo, en su decisión sobre el recurso del caso pagarés de Plaza, y no de un jurado sin noción jurí- dica, como era el caso.