Los jardineros de Zaragoza comenzarán mañana la primera huelga bajo el mandato de Jorge Azcón. Un pulso que tendrá que salvar y esquivar en una semana decisiva, porque el jueves se sometará a votación inicial su primer presupuesto, empañado por las enmiendas de Vox, y que incluye un incremento de la partida destinada a las zonas verdes de 5,3 millones. La huelga de los trabajadores de FCC, empresa que se encarga de la gestión de los parques, se ha convocado por dos motivos principales. Primero porque los jardineros reivindican la firma de un convenio colectivo, dos años después de que caducase el pacto convenio, para blindar su salario y sus derechos sociales. Y segundo porque quieren presionar al Gobierno de la ciudad para que deseche la opción de dividir en lotes el servicio.

Negociaciones prehuelga

Comité y FCC se sentaron la semana pasada a negociar el convenio colectivo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). A los trabajadores les urge alcanzar un acuerdo porque están desprotegidos de cara a la futura contrata y podrían perder más poder adquisitivo. Y a FCC no le importa firmarlo porque, al estar en reconocimiento de obligación (una fórmula utilizada cuando caduda el contrato), cualquier mejora que suponga un coste extra la pagará el ayuntamiento y no la empresa. Este matiz es importante para entender las negociaciones porque el consistorio es el que decide el incremento salarial que pueden ofrecer y porque de pactarse, tendría que asumirlo la próxima contrata.

La concesionaria ofrece un incremento del 1% durante el 2020, 2021 y el 2022, además del IPC real durante los dos próximos años. Según el comité, esto supondría entre 8 y 10 euros más al mes, que son insuficientes porque desde el 2017 no han visto mejorada su nómina. Piden más, pero no quieren desvelar cuál es su propuesta. El que más cobra puede llegar a los 30.800 euros brutos y el que menos a los 18.770.

El Gobierno tampoco quiere zanjar el debate sobre si va a dividir en lotes el servicio y se limitan a decir que los informes técnicos darán la respuesta para poder justificar su decisión y utilizarlos de escudo.

Contrato con FCC

Para llegar a esta situación de incertidumbre hay que remontarse al 1 de enero del 2018. Desde ese día FCC presta el servicio en reconocimiento de obligación y recibe cada mes un extra de 300.000 euros porque el anterior Gobierno de ZeC no negoció un acuerdo para ajustar los costes. La relación de ZeC con FCC nunca fue buena y eso siempre tiene consecuencias, como los más de 7 millones extra pagados que convierte a FCC como única beneficiada de esta situación. El coste no es el único problema, porque la empresa no tiene obligación de aplicar las mejoras por las que en su día ganó el concurso.

Pacto convenio

Otro acuerdo que caducó fue el pacto convenio. Entre otras muchas cosas, los salarios se congelaron. La empresa podía hacerlo al prestar el servicio sin contrato, pero además no tenía obligación de negociar uno nuevo. Durante los dos últimos años, cuando todavía gobernaba ZeC, la plantilla se mantuvo en silencio, confiada en que la nueva licitación sería la solución a todos su males. Este contrato incluía unas cláusulas sociales que creían que eran la salvación a todos sus males, pero no tuvieron en cuenta que, a tenor de los recursos presentados en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), el resultado podía perjudicarles.

Recursos

Los pliegos fueron recurridos el Tacpa, hasta que salió a licitación, con bastantes meses de retraso mientras FCC seguía sumando su extra. Acciona resultó la empresa ganadora y FCC, Valoriza y Perica recurrieron su adjudicación al Tacpa. Le dio la razón a esta última, la peor valorada, y se declaró nula la adjudicación. Un fallo que, por cierto, Acciona ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). PP y Cs declararon desierto el concurso para redactar sus propios con la posible división en lotes y que provocó que los jardineros le declarasen la huelga porque supondría la división de la plantilla y la fuerza sindical se diluiría. Un hecho por el que se dice que esta huelga es política y no laboral.