Entre los menores extranjeros no acompañados (menas) que cada vez con más frecuencia tienen que ser atendidos por el Gobierno de Aragón proliferan los que llegan con 17 años o están a punto de cumplirlos, que por edad han de ser legalmente protegidos por la Administración pero con escaso margen antes de dejar de tener esta protección legal específica.

El crecimiento en la afluencia de los menas en general, y de este perfil en particular, ha sido el germen de un proyecto conocido informalmente como 17 plus, financiado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y gestionado por la oenegé especializada en atención a extranjeros Accem.

Según explica su responsable en Zaragoza, Luis Manzano, el programa de pisos de transición a la vida autónoma cuenta con cuatro trabajadores, que por formación son educador social, dos trabajadores sociales y una psicóloga, aunque no necesariamente ejerzan como tal.

Los menas en general, y más aún los de 17 años, tienen libre deambulación en los pisos tutelados, pero los más mayores, particularmente, tienen poca vigilancia. No es ese el papel de los gestores, sino el de dar todo tipo de apoyo a los jóvenes, desde el residencial al formativo, desde la enseñanza del español hasta la educación.

Esta, explicaba Manzano, abarca cualquier tipo, también el bachillerato, pero dado el perfil de estos jóvenes, cuyo proyecto «no es individual, sino familiar», se les orienta a la FP porque lo que les interesa es «trabajar cuanto antes para poder enviar dinero a sus familias». También se les intenta ayudar a contactar con estas, aunque de solicitar la documentación necesaria para regularizar su situación se encarga directamente el Gobierno de Aragón.

Manzano asegura que, pese a los incidentes que se han conocido, los conflictos con este tipo de jóvenes no son más comunes que los que se dan «en cualquier proceso de ayuda a colectivos vulnerables».