Una sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento de Huesca a pagar 4,6 millones de euros a los propietarios del denominado Polígono 32 por la expropiación de su suelo, condicionará las cuentas municipal hasta el 2016 y obligará a poner en marcha un plan de saneamiento financiero.
Así lo aseguró ayer la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, al informar en rueda de prensa de un revés judicial que duplica la indemnización que ya había reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a los propietarios por la expropiación de esta zona, "un campo de cereales y un tozal", en palabras de la propia regidora.
La responsable municipal explicó que la sentencia duplica los aprovechamientos urbanísticos que en su día les fueron reconocidos a los propietarios del suelo y, por tanto, dobla la indemnización que les fue reconocida en julio del 2012 por el tribunal aragonés.
Alós afirmó estar "indignada" por esta situación, de la que responsabilizó a la anterior corporación socialista. En su opinión, la negativa del PSOE a reunirse con los propietarios del suelo para negociar un convenio está en la raíz del problema. De hecho, el PP hizo pública una carta del representante de los propietarios, fechada en el 2009, en la que este se dolía de que el ayuntamiento no hubiera querido avenirse a un acuerdo amistoso y extrajudicial.
Por su parte, el grupo municipal del PSOE lamentó la "demagogia" de la alcaldesa por estas acusaciones del PP. Según afirmó en un comunicado el portavoz municipal socialista, Luis Felipe, la alcaldesa se ha servido de sus críticas para "ocultar sus errores" durante esta legislatura y dirigir contra el PSOE una responsabilidad que, a su juicio, "es compartida".
