El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha asegurado hoy que el cierre contable a 6 de octubre no tendrá repercusiones negativas para pymes, autónomos o ayuntamientos en contra de las advertencias en ese sentido de la oposición.

En la sesión de control al Gobierno en las Cortes, Campoy ha respondido a cuatro preguntas del PSOE, CHA e IU sobre las consecuencias que tendrá el adelantamiento del cierre del ejercicio contable para entidades sociales, empresas, proveedores, autónomos y ayuntamientos, y económicas sobre el presupuesto de 2015, y el consejero ha aseverado que ninguno.

Campoy ha subrayado que las consecuencias que tiene son las propias de cualquier cierre de un presupuesto de cualquier comunidad autónoma, que no tendrá repercusiones negativas para proveedores, pymes, autónomos, empresas y ayuntamientos y que únicamente supone no iniciar nuevos procedimientos de contratación y todos los iniciados se terminarán de pagar.

Ha recalcado que es una práctica habitual de todas las administraciones para poder ordenar la gestión en los últimos meses del año, que antes que Aragón la adoptaron comunidades como Extremadura, Madrid, Baleares, País Vasco, y que no supone que se "cierre la caja" ni dejar de pagar facturas.

Sin embargo, Soro ha afirmado que se trata de una decisión política, no técnica-contable, que tendrá consecuencias "desastrosas" para muchas personas y que se adopta como un instrumento "para el recorte".

Para Soro, es la "puntilla" de una "estrategia" después de la creación de la unidad de control de gestión pública como "tapón con forma de tijera" y del Plan Económico Financiero, cuya única medida real consiste en no ejecutar 148 millones de euros del presupuesto, que unidos a los 125 millones de inejecución ya prevista supondrá que la ejecución del presupuesto no llegará al 90 por ciento.

Adolfo Barrena, de IU, también ha criticado que el Gobierno, con esta decisión, está complicando la vida a entidades, pymes, autónomos y ayuntamientos a los que "no van a pagar" y ha pedido al consejero que concrete qué pasa desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre, porque ya no se podrán tramitar certificaciones de obras adjudicadas que acaban en esos plazos, gastos en acopio de suministros o anticipos de subvenciones.

Sobre las alternativas que da a las entidades sociales, empresas, autónomos y pymes que van a verse afectados por el cierre contable, por las que le ha preguntado Barrena, Campoy ha indicado que es de imposible respuesta por cuanto no se contemplan, por lo que el diputado de IU ha considerado que debería dimitir por ser "incapaz de responder a una pregunta de tema económico".

Por su parte, Ana Fernández, del PSOE, ha reiterado que la medida se adopta para "no pagar a nadie" y, tras plantear a Campoy por qué la toma en octubre y no en diciembre si dice que no afecta negativamente, ha advertido de que las entidades se van a ver obligadas a pedir préstamos para poder cumplir sus gastos.

En cuanto al impacto económico que puede tener en el presupuesto de 2015, Campoy ha aseverado igualmente que ninguno.

Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Fernández sobre la Unidad de Control de la Gestión Pública, Campoy ha asegurado que está cumpliendo con la legalidad en materia de contratación pública.

Sin embargo, la diputada socialista le ha pedido que la suprima por su "inoperancia" y porque es contraria a la ley de hacienda, que atribuye a cada consejero la competencia a autorizar los gastos con cargo al presupuesto de cada consejería y ahora es la unidad de control la que emite un informe previo sobre las propuestas de gasto y no se puede descartar se apliquen criterios "discrecionales".

Con esta unidad, ha dicho, lo que se hace es "usurpar" la función de control interno del gasto del Gobierno de la Intervención General, "desnaturalizando" su perfil técnico.

Campoy ha replicado que la unidad se ajusta a la legalidad vigente y es ajena a la contratación al ser anterior en la cadena de decisión.