La mano del consejero de Hacienda, Javier Campoy, en solo cinco meses de gestión, incluye la creación de la denominada Unidad de Control de la Gestión Pública que lleva una fiscalización exhaustiva de cada factura y una contención de todos los pagos que no estén vinculados al gasto social o que no generen retorno. Cinco meses de contención y un cierre anticipado de la caja que cogerá desprevenidas a numerosas entidades, porque se produce sin previo aviso y sin margen de maniobra para emitir facturas. Y ahora, por más que estén justificadas, quizá se queden fuera por un adelanto que, ahora más que nunca, más que priorizar, solo autoriza gastar en los límites que marca la DGA.