El Gobierno de Aragón va a intensificar el control del gasto de los diferentes departamentos que lo conforman, sobre el que hará un seguimiento "exhaustivo", con el objetivo de mejorar la disciplina financiera, y para ello ha aprobado la creación de la Unidad de Control de la Gestión Pública.

El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ya anunció la semana pasada la creación de este órgano, que ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno, del que colgarán tres subcomisiones o grupos de trabajo: de racionalización y optimización del gasto corriente, de gasto social y de política de inversión estratégica.

Aunque "ya se hacía un control del gasto", ahora se va a producir "a otro nivel", ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro.

Así, los gastos de los departamentos estaban sometidos hasta ahora a la fiscalización de un órgano "de contabilidad", pero ahora éstos van a ser analizados y autorizados también por un órgano "político".

Se trata de un órgano colegiado, adscrito al Departamento de Hacienda y Administración Pública, que realizará un seguimiento "exhaustivo" de la ejecución presupuestaria.

Javier Campoy ya ha trasladado a todos los secretarios generales técnicos de las consejerías las partidas fundamentales de gasto que deben de seguir, y éstos se encargarán de hacer una primera criba y no autorizarán aquellos gastos que puedan ser superfluos o menos necesarios.

Después, la unidad de control autorizará también personalmente estas propuestas de gasto, que después seguirán en trámite convencional ante la intervención general de la Comunidad Autónoma y ante los servicios jurídicos, como sucedía hasta ahora.

Los criterios generales, según el Ejecutivo autonómico, serán los que supongan una "optimización de la eficiencia" para "identificar espacios de ahorro que no afecten a la calidad de los servicios públicos que presta la Administración Autonómica", y se priorizarán las inversiones que tengan un retorno social y económico, además de dinamizar la recaudación de ingresos.

La Unidad de Control de la Gestión Pública estará presidida por Campoy y formarán parte de ella la interventora general y la directora general de Presupuestos, Financiación y Tesorería, aunque se podrá contar en las reuniones con el apoyo técnico y político de los trabajadores de los distintos departamentos.

Ninguno de los miembros de estos organismos percibirá compensación económica por el desempeño de estas funciones, ha precisado el consejero.

Respecto a las subcomisiones, la de racionalización del gasto corriente tendrá funciones para controlar la eficiencia de este gasto, para la reestructuración de los entes públicos y para hacer propuestas de generación de ingresos, como la enajenación del patrimonio.

La de gasto social enfocará su atención en los aspectos clave que resultan prioritarios para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y la de inversión estratégica tendrá como objetivo mejorar los retornos de las inversiones del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha negado que exista ningún tipo de bloqueo en el gasto de la Comunidad, y prueba de ello son los convenios aprobados hoy mismo por el Consejo de Gobierno, que ha dado el visto bueno a varios convenios e inversiones que, de otro modo, "no se hubieran podido aprobar".