El canal de aguas bravas cierra sus puertas sin fecha de reapertura. La actual concesionaria, Loteta Sports, ha comunicado al Ayuntamiento de Zaragoza que rescinde el contrato por razones de rentabilidad económica. El consistorio va a encargar una auditoría técnica para conocer las causas de las constantes filtraciones de agua que, a pesar de las dos actuaciones que se han hecho en el canal, no se han logrado subsanar. Es la tercera empresa que se hace cargo de su gestión desde el 2008 y que abandona por su incapacidad de mantenerla.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, anunció ayer que la empresa ha informado de que este negocio, que también incluye una cafetería de 310 metros cuadrados y un parque de multiaventura, no es económicamente rentable. En el comunicado, la contrata sugiere que se analicen cómo mejorar las condiciones debido al alto coste que genera el mantenimiento de las instalaciones y su funcionamiento.

Según explico Rivarés, los gastos de bombeo del agua y de electricidad del canal ascienden a más de 52.000 euros anuales, a los que hay que añadir un canon anual de 1.000 euros. Una cantidad elevada si se tiene en cuenta que el año pasado tan solo se contabilizaron 2.000 usos en esta atracción. El concejal explicó que, en caso de que se volviera a licitar su explotación, se revisará el canon y se estudiarían posibles fórmulas de financiación pública. Loleta Sports adeuda al consistorio 19.000 euros que, según Rivarés, serán devueltos. El actual empresario tuvo que asumir 80.000 euros en concepto de gastos del inventario de inmovilizado, materiales, herramientas y una tienda del anterior.

El consistorio va a encargar una auditoría técnica para conocer si la instalación tiene un problema en origen que está generando filtraciones de forma reiterada. Aunque se ha intervenido hasta en dos ocasiones -la última vez en el 2015--, no se ha logrado solventar. El ayuntamiento externalizará este estudio que realizará o la Universidad de Zaragoza, o el Colegio de Ingenieros o, directamente, se hará mediante un contrato menor, algo que no tardó en criticar el PP. En el caso de que se concluyera que la construcción se hizo mal, tendría que ser la empresa encargada de las labores, Tragsa, la que asumiera el coste.