Desde el año 2016 los diferentes gobiernos han repetido como un mantra la necesidad de poner fin al papel en los juzgados y tribunales. Ayer, tras el fallo del sistema informático gestionado por la DGA, los trabajadores de este sector tuvieron que hacer un regreso al pasado y volver a echar mano de los folios y de bolígrafo.

Fue un parche parcial que realizaron los propios trabajadores para no colgar un cartel en la puerta de los diferentes juzgados aragoneses en los que los usuarios pudieran leer un Vuelva usted mañana, ya que muchos juicios tuvieron que ser suspendidos. Un hecho que molestó porque a la idea extendida de que la Justicia es lenta se sumaron los inconvenientes de tener que cambiar los planes para acudir a un juicio que no se celebró.

«A ver cómo le explico a mi jefe que tengo que volver a faltar en el trabajo otro día», explicaba María Puy, una joven que tenía que declarar como testigo en una vista oral que fue suspendida.

La incidencia informática también generó importantes afecciones entre los funcionarios. Los secretarios judiciales volvieron a ejercer la fe pública como antaño, de su puño y letra. «El problema es que, aunque estemos firmando autos, no van unidos a los expedientes digitalizados, por lo que otros juzgados implicados no están al corriente de lo que estamos haciendo», señalaba un secretario de un juzgado de guardia.

A ello se añadía, tal y como destacaba el decano de los procuradores zaragozanos, Pablo Marín, que no habían recibido notificación alguna de los juzgados, por lo que «no hemos podido comunicar a los abogados las novedades con sus respectivos patrocinados y tampoco contestar a demandas o recursos, lo que ha hecho en algunos casos que los plazos caduquen y se incumplan».

«Nunca había pasado algo así, hay un protocolo para justificar este tipo de problemas de cara a que los clientes no se vean afectados porque el plazo de un recurso se haya cumplido sin contestación», apuntaba Marín, si bien la letrada Irene Romea, una de las afectadas ayer por este problema, señaló que no pudo solicitar una medida cautelarísima muy urgente porque no funcionaba el sistema.