Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, se sometió ayer en el hospital Miguel Servet de Zaragoza a la llamada prueba de la verdad, técnicamente de potenciales evocados cognitivos, con la que la Policía Judicial de Sevilla pretende hallar los restos de Marta del Castillo. Durante aproximadamente hora y media, el joven visionó unas 50 imágenes y frases de los escenarios donde la Policía baraja que pudo haberse desecho de los restos, entre ellos las siete ubicaciones que él mismo ha ido aportando en otras tantas versiones distintas.

Sorprendentemente, dada la falta de colaboración mostrada para encontrar el cadáver --se han invertido más de 600.000 euros en analizar los escenarios--, el joven aceptó someterse voluntariamente a esta prueba, tras la orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que investiga el paradero de los restos en una pieza separada. Tras pasarla, acompañado de su abogada, Paloma Pérez, Carcaño volvió a dormir en el penal de Zuera --donde llevaba desde el martes-- y retornará hoy a la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, donde cumple una condena de 21 años de prisión por el asesinato.

ANÁLISIS Como ya hiciera en la primera prueba de este tipo practicada en España, la de Antonio Losilla --presunto asesino y descuartizador de su mujer, Pilar Cebrián, en Ricla--, el doctor Valdizán deberá analizar ahora las respuestas cerebrales de Carcaño a los estímulos recibidos. Los resultados del test de Losilla tardaron casi un mes en llegar, y el grupo de Homicidios analiza desde entonces los lugares marcados con mayor probabilidad porcentual.

Las imágenes se muestran con una cadencia de apenas segundos, según el método perfeccionado por técnicos informáticos e investigadores del Cuerpo Nacional de Policía. Los electrodos registran la actividad eléctrica cerebral del sujeto, en este caso Carcaño, en busca de una determinada longitud de onda, que aparece a los 300 milisegundos de ver la imagen o leer la frase --de ahí el nombre de P-300--, y que indica, aunque el sujeto no lo quiera, que reconoce el lugar.

El tratamiento posterior permite al neurofisiólogo Ramón Valdizán y la forense Cristina Andreu --impulsores, como la Policía, de esta técnica en España-- establecer una lista en percentiles, ordenada, con los resultados que más respuesta han provocado, y que los investigadores sevillanos podrán utilizar como guía a la hora de buscar los restos.

La Brigada central de análisis del comportamiento se desplazó también a Zaragoza, ya que la técnica amenaza con generalizarse. Mientras, el abogado de Losilla, el penalista Javier Notivoli, mantiene abiertas las vías de recurso para que la declaren nula, por atentar contra el derecho a no declarar. La Audiencia de Zaragoza avaló su validez.