Dos miembros de la antigua cúpula directiva de la empresa pública Sarga facturaron gastos de kilometraje ficticios a fin de compensar las bajadas de sueldo. Así lo señala la Audiencia Provincial de Zaragoza que acaba de condenar a quien fuera director del Departamento de Servicios Agrarios, Silvio Dellepeine Palomino-Rendón, y al director gerente de este ente, Enrique Martín Bernal, a quienes impone, respectivamente, 14 meses de prisión y un año de cárcel.

Unas penas que fueron acordadas con la Fiscalía y la acusación realizada por la DGA y con las que evitaron sentarse en el banquillo y ser juzgados por un Tribunal Popular.

Los magistrados de la Sección Sexta del tribunal provincial destacan que esta malversación de caudales públicos nace a partir del plan de saneamiento impulsado por el Gobierno PP-PAR que, para abaratar costes, fusionó Sodemasa y Sirasa, creando Sarga. Como consecuencia de ello, Silvio Dellepeine Palomino-Rendón fue relegado del cargo de director del Departamento de Servicio Agrarios a una jefatura, pasando su sueldo de 49.000 a 43.000 euros anuales.

A pesar de que se le ofreció la posibilidad de resolver su relación laboral con una indemnización, el acusado optó, con el fin de no perder poder adquisitivo y obtener «un beneficio económico injusto a costa del erario público», ponerse de acuerdo con el gerente de la sociedad para cobrar falsas dietas. Así, comenzó a introducir en sus partes quincenales de gastos kilometrajes ficticios, acordando con el responsable de Sarga que podría cobrar hasta un máximo de 3.000 euros anuales. Para conseguirlo, llegó a un acuerdo con Enrique Martín Bernal.

DINERO / Según el tribunal, este procesado llegó a percibir entre septiembre del 2014 y febrero del 2016 un total de 1.438 euros, cantidad que consignó antes de la celebración de la vista para propiciar un pacto con las acusaciones. Además de las penas de prisión, la sentencia condena a Dellepiane a 1.200 euros de multa y a un año de inhabilitación para ejercer cargo público.

Al exgerente de Sarga se le impone una multa de 720 euros y un año de inhabilitación. Además, la Audiencia de Zaragoza acuerda la devolución de lo defraudado a la DGA. La causa contra otros dos procesados, José Luis González y Luis Félez Iborte, quedó sobreseída.