Esta semana salía a la luz el último incidente producido en la zaragozana prisión de Daroca, en el que un preso hirió a cinco funcionarios que trataban de trasladarlo a la enfermería, generando un conato de motín por el que ocho internos debieron de ser aislados. Fue el último episodio en las cárceles aragonesas de un problema que, en España, parece ir en aumento. Una violencia que los sindicatos del ámbito penitenciario vinculan a la falta de personal en las prisiones.

En Aragón, admiten varias de las fuentes consultadas, el problema no es tan preocupante, ni en un sentido ni en otro (ni en violencia ni en carencias de plantilla), pero las vacantes sin cubrir suponen un 11% a nivel global, teniendo en cuenta a todo el personal. Si solo se tiene en cuenta el personal laboral (los no funcionarios), sin embargo, la cosa cambia. Faltan cerca de la mitad de las plazas por cubrir (un 47%), y en algunos centros, como en Zuera, hay menos de la mitad ocupados, 24 de 57.

Fuentes del sindicato especializado Acaip hacían hincapié en este aspecto, con carencias sostenidas en cuanto a cocineros, demandaderos (los encargados de buscar los requerimientos especiales de los presos) o sanitarios, un problema común en todos los penales porque, según las mismas fuentes, están muy poco reconocidos salarialmente y no se convocan plazas.

Este problema de la falta de empleo público en el sector es lo que agrava la situación, ya que no solo no se reponen los puestos, sino que la plantilla está cada vez más envejecida mientras los presos, como ironizaba una de las fuentes consultadas, «siempre son jóvenes». Además, la ratio de 800 funcionarios para 2.000 presos que se extrae de las cifras no es real, por varios motivos: aquellos no son todos de vigilancia (de hecho, los de despacho suelen tener menos problemas para cubrirse), y además necesariamente han de hacer turnos.

VIOLENCIA / Aunque en Aragón no destaquen los episodios violentos, los hay, como el de Daroca o el preso que hace unos meses quemó su celda en Zuera, dos veces, la segunda para protestar por su soledad. Cumplía condena por dos asesinatos en prisión.

Para controlar, o prevenir, los funcionarios cuentan además con medios «del siglo XX, pero de principios», sin que haya instrucción ni presupuesto para medios más avanzados como sprays de defensa personal u otros sistemas. A tanto llega el asunto que los funcionarios gaditanos han llegado a patentar un escudo consistente en unir dos de los que les dan, porque se rompen. Lo utilizan en la cárcel de Puerto.

A todo esto se añade la desprotección de un colectivo cuyo convenio, pendiente de renovación, no les reconoce ahora mismo como autoridad pública y que se encuentra con verdaderos problemas administrativos para percibir indemnizaciones por los incidentes que sufren. Que no serán muchos, pero que en el 2015, con la decena en Teruel y en Daroca, generaron más de 100 expedientes sancionadores a presos. Y es que conviven con un problema que los propios reclusos son conocedores y abusan de ello: no son una autoridad como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por lo que, por ejemplo, no tienen presunción de inocencia cuando se ven implicados en algún tipo de incidente.

El último caso grave ocurrido en la comunidad se enjuició en el 2015 y fue después de que un recluso, Julio Marco Jambrina, agrediera y amenazara a uno de los funcionarios. El incidente se saldó con una condena de un año más a la que ya estaba cumpliendo.

Pero estos empleados también tienen que velar por la seguridad de los propios internos para que no se produzca ningún tipo de motín, violación -como la última ocurrida en el centro penitenciario de Zuera por la que un interno se enfrenta a 15 años de prisión- o un crimen como el ocurrido en el 2012 cuando Santiago Domínguez acabó con la vida de Antonio Jiménez gracias a un pincho carcelario.

Otra señal de los recortes en materia de prisiones es, por ejemplo, que las empresas externalizadas de limpieza en Zuera siguen sin cobrar.