Cáritas Diocesana ha canalizado 9.024 ayudas directas por 1.120.688 euros de las que se han beneficiado 3.712 familias de la capital aragonesa, según se recoge en la memoria de la organización correspondiente a 2017.
Las familias han percibido tanto aportaciones económicas como acompañamiento personal, familiar y especializado.
Según figura en el documento presentado hoy, 53 de cada 100 euros se han destinado a ayudas directas para alimentos, ropa o documentación; 34,2 para ayudas directas al pago de alquileres, electricidad, gas y equipamiento; 6,4 al pago de medicinas, ortopedia o gafas, entre otros; 3,1 euros a becas de comedor, libros y material escolar, con el objetivo de reforzar la escolarización en igualdad; y 1,9 euros a ayudas directas.
Las proporciones de mujeres y hombres atendidos fueron similares, como en años anteriores; el 65,8 % estaban en edad de trabajar, un 33,4 % fueron menores y un 3,4 % mayores de 65 años; el 52,1 % de los atendidos eran nacidos en España y al menos cuatro de cada diez de las personas atendidas estaban en situación de desempleo.
Además, el 33 % de los hogares atendidos fueron nuevos y el 41,4 % eran hogares con menores.
De entre las personas extranjeras atendidas, dos de cada diez estaban en situación de irregularidad administrativa, lo que supone un 6,7 % más que en 2016.
La empresa de inserción A Todo Trapo Zaragoza ha permitido la incorporación de 7 personas en riesgo de exclusión social al mercado de trabajo. Además, 1.076 personas han sido acompañadas en su inserción laboral por la Fundación por la Inclusión Social, de las cuales 99 han encontrado empleo.
Además de la intervención directa, Cáritas realiza otras actividades relacionadas con la educación en valores, en las que participaron 2.231 niños, adolescentes y jóvenes y 436 adultos; la formación y sensibilización de la sociedad, para lo que se promovieron 37 espacios de formación, y 1.477 personas participaron en actividades relacionadas con las campañas.
Se publicaron 160 materiales que ayudaron en la sensibilización de la sociedad.
En el ámbito de denuncia social trabajó en red junto a otras entidades en más de 100 espacios y plataformas civiles y eclesiales con las que se presentaron alegaciones y aportaciones en distintos procesos legislativos y reglamentarios de las administraciones públicas con el objetivo de incidir en la mejora de las políticas sociales.
Durante el pasado año, Cáritas detectó además vulneración de los derechos humanos en los ámbitos del empleo, la vivienda y la salud.
En este sentido, según la Memoria, pese a la mejora de la coyuntura socioeconómica actual se siguen detectando dificultades de acceso al empleo en mayores de 45 años, mujeres, migrantes y, especialmente, en los parados de larga duración sin protección social adecuada, así como un aumento de la precariedad de quienes consiguen empleo, lo que hace que muchas personas dependan de prestaciones sociales o del apoyo de entidades como Cáritas.
A la mercantilización de la vivienda y de sus precios inaccesibles para una gran mayoría de ciudadanos, Cáritas denuncia las condiciones de inhabitabilidad y mantenimiento de muchas de ellas que sufren en mayor medida las personas acompañadas por la organización.
Entre otras, cita mobiliario o equipamientos antiguos e inadecuados, humedades, ?realquiler? de habitaciones y en malas condiciones de habitabilidad, a las que se suman las dificultades para pagar los elevados costes de suministros de la vivienda.
También han detectado deficiencias en la cobertura farmacéutica de medicamentos imprescindibles de algunos enfermos y en la cobertura pública para la orientación y acompañamiento de problemas de salud mental.
En el caso de las personas migrantes, Cáritas alerta del número de personas que acuden a la institución solicitando protección internacional o en situación administrativa irregular, sin red de apoyo y con dificultades de acceso al sistema de protección social.
Por último, la entidad incide en los graves problemas de envejecimiento en soledad, no sólo en la ciudad sino, sobre todo, en el mundo rural, donde la falta de servicios y recursos son causa de despoblación y abandono de muchos pueblos y sus habitantes.
Cabe destacar que durante el 2017, se contó con un 87,26 % de recursos económicos propios procedentes de sus 6.840 socios y de entidades y empresas donantes y sólo recibió un 11,07 % de financiación pública.
