--El Gobierno sigue sus reformas legislativas con la Justicia Gratuita. ¿Cómo valoran el proyecto desde el Consejo General de la Abogacía Española?

--La ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para su entrada en el Parlamento adolece de defectos gravísimos. Ahora el que más lacera es la desvinculación de la colegiación del lugar de residencia.

--Pero se impone un plazo de tres horas para llegar, ¿no es indiferente dónde se resida?

--La ley de 1996 establecía un plazo de ocho horas, y los propios abogados lo hemos ido rebajando. La cuestión es que se dejan muchos cabos. El proyecto dice que si el letrado designado no llega, se nombra a otro. ¿Quién lo nombra? Deshacemos una organización magnífica con un coordinador de guardia que gestiona los especialistas en inmigración, violencia de género... Toda una serie de fichas organizadas por los abogados. ¿Va a venir ahora la Administración a nombrarlos y formarlos?

--Por sus valoraciones, el Gobierno no acierta legislando. ¿No colaboran los operadores judiciales en las leyes que les afectan?

--Eso es lo que te deja helado. En esta hemos colaborado, y aún así con un artículo que proponen al margen desmontan todo el sistema.

--¿Les dan ganas de no cooperar?

--No damos abasto. Estamos esperando que el Tribunal Constitucional derogue la Ley de Tasas; por otro lado, las medidas de agilización de la Justicia acabaron con la retirada de 1.200 jueces sustitutos. La Ley de Tasas obliga a pagar 2.300 euros, más un porcentaje del pleito en lo Contencioso, con lo que la gente no combate a la Administración. El proyecto del Código Penal elimina las faltas y las deja en manos de la Administración, pagando tasas y sin la garantía de un proceso penal. Y la ley de Seguridad Ciudadana amplía estas sanciones: un círculo diabólico.

--Así expuesto, parece un plan. Sorprende que no se proteste aún más.

--Estamos agotados de hacerlo, no se imagina lo que cuesta organizarse. Así y todo colaboramos con la Administración, hasta que vemos que, como ha pasado con la ley de Justicia Gratuita, que un epígrafe te hunde.

--¿Tampoco les parece bien su financiación con las tasas?

--Protestamos muchísimo esta vinculación, por un lado porque la ha de pagar el Estado, no el ciudadano con sus tasas, y por otro porque iba a ser insuficiente. Y se ha cumplido la mala previsión, los ingresos no solventan ni de lejos los problemas. En los presupuestos de este año ni siquiera aparecen los ingresos por tasas del pasado.

--¿Qué opina de la eliminación de la Justicia Universal?

--La valoramos muy negativamente, ha sido una tramitación meteórica que no da ni tiempo a alegar. Supone un retroceso muy importante, porque la Justicia ha de ser universal, con todas las precauciones que se le quieran poner. Crímenes de lesa humanidad o genocidios no pueden quedar impunes.

--No podemos juzgar a personalidades extranjeras, y según algunos tampoco a las nacionales.

--Si lo dice por la infanta Cristina, cada uno puede opinar lo que quiera pero para mí es un ejemplo de que la Justicia funciona con normalidad, sin más anomalía que la relevancia del personaje. Ha sido una causa tramitada rápido con pocos medios, bien gestionada y bien comunidada. Hay pocos datos que permitan visualizar una influencia clara de las autoridades.

--¿El consejo tiene algo que decir sobre que los fiscales instruyan las causas?

--Tenemos muchísimo que decir; la instrucción no solo la hacen los fiscales sino que han de contribuir los abogados. Es fiasco unido a la Justicia Universal y a la eliminación de la acción popular, que degrada la justicia. En el sistema actual puede haber un desequilibrio, incluso estético, con un defensor por cinco acusaciones, contando el fiscal, la acusación particular, la acción popular, el abogado del Estado y el juez inquisidor, desde el mayor de los respetos. En los países occidentales se tiende a tener un fiscal y una defensa que colaboran en plano de igualdad en la instrucción, y cuando hay dudas acuden a un juez de garantías.

--¿Qué opinión le merece la reforma de la Ley del Aborto?

--Me permitirá que no opine, porque no la hemos tratado como consejo, aunque partimos de la base de que hay que respetar la libertad individual.

--¿Ve algún objetivo tras este frenesí legislador?

--Podría ser una estrategia para tapar unos proyectos polémicos con otros. Como le decía, acabamos agotados de protestar. Procedería cerrar capítulos, y así se lo pediré al ministro de Justicia en cuanto pueda. Si no ocurre como ayer --por el jueves--, donde distintos órganos dictaminaban sobre leyes con aspectos contradictorios.