El empresario y exalcalde de La Muela Carmelo Aured ha vuelto a pedir la nulidad de toda la operación Molinos, repetidamente denegada por el juzgado de Instrucción número 2 de La Almunia y por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Su abogado, César Ciriano, reintenta su solicitud en el escrito de defensa presentado al instructor Alfredo Lajusticia, junto con los de los otros 40 imputados en el caso. El plazo de presentación terminaba ayer.
La Fiscalía pide para Aured 20 años de prisión --el doble que el Ayuntamiento de La Muela, como acusación particular-- y nueve millones de euros de multa por sus presuntos delitos. Se añadirían a las condenas por fraude fiscal y tráfico de influencias por las que actualmente cumple condena en la cárcel de Zuera. De hecho, el próximo miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Aragón celebrará la vista por el recurso de su última condena por tráfico de influencias, que comparte con el exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril.
VICIADO
El escrito de defensa del letrado César Ciriano insiste en la tesis que ha mantenido desde que asumió la defensa, en diciembre del año pasado, y que le costó en enero la apertura de un proceso por injurias a la Fiscalía al mantener que la representante del ministerio público, Victoria Esponera, tenía intereses particulares en el asunto, investigado por el grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón.
Precisamente esta es una de las causas de nulidad que defiende Aured a través de Ciriano. Entiende que el caso debería haber sido investigado por la Guardia Civil, al presentarse la denuncia en La Muela. Indica además que la Policía debió contar con el asesoramiento de expertos.
En cuanto a su cliente, Ciriano indica que si se llegase a celebrar el juicio procedería su absolución, ya que no ha cometido ningún delito. Afirma que los motivos por los que comenzó a ser investigado vulneraron sus "derechos fundamentales", por el hecho de ser "primo hermano de la alcaldesa", con la que, remarca, "no tenía ninguna relación". Lo apoya en que entre las escuchas telefónicas --de las que vuelve a pedir su anulación, también denegada ya en varias ocasiones--, no hay ninguna conversación entre ambos parientes y exediles muelanos.
Indica además que los investigadores incurrieron en errores "graves" como la confusión de personas físicas y jurídicas en cuanto a su cliente. Por último, incide en que el proceso, tras seis años de instrucción, ha incurrido en dilaciones indebidas que reducirían la pena de Aured, si fuese condenado. Y que en cualquier caso muchos de los delitos habrían prescrito.
TESTIGOS
Para el caso de que se celebre el juicio, Aured pide la comparecencia de una treintena de testigos, entre los que destacan el expresidente de la DGA Marcelino Iglesias, su vicepresidente y actual presidente de Las Cortes, José Ángel Biel o los exconsejeros de Obras Públicas, Alfonso Vicente y Javier Velasco. En el listado figura también el empresario Agapito Iglesias, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente (y su hermano), el Fiscal Superior de Aragón, José María Rivera y el Fiscal Jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández.
Con la remisión de este y el resto de escritos de defensa por parte del juez Lajusticia, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial tendrán que decidir qué testigos y pruebas solicitadas proceden y cuáles no. Tras los pertinentes recursos de las defensas ante las no admitidas, se fijará la fecha del juicio.
