Unanimidad. Así quiere cerrar el Ayuntamiento de Zaragoza la larga travesía de once años que acumula el acuerdo a tres bandas, con la Cámara de Comercio y el Gobierno de Aragón, el convenio para regularizar los suelos del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET) en el Picarral y que ahora es el actual instituto de Secundaria. Todos los partidos votaron a favor del pacto alcanzado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que no solo permitirá que el patio de recreo deje de tener uso residencial (para viviendas) y se convierta en educativo, sino que las compensaciones repercutirán fuera de los límites del Picarral, dejando a Casablanca y Miralbueno como grandes beneficiados. Solo faltan 15 días de información pública y la rúbrica definitiva con la DGA.

En Casablanca, las compensaciones desatascan un viejo proyecto que afecta al Gobierno central, al autonómico y al consistorio. Un solar en la calle Embarcadero que ahora los vecinos utilizan para aparcar sus coches se convertirá, en el futuro, en una parcela con 186 viviendas libres ya previstas pero no ejecutadas (111 de la DGA, 47 del Estado y 28 de la ciudad) a las que ahora se le añaden 3.500 metros cuadrados para levantar un polideportivo, y ampliar la zona verde que ahora se extiende hasta el Canal Imperial y la Fuente de los Incrédulos. Y podrá añadir más plazas a un aparcamiento subterráneo en la zona.

En Miralbueno, la novedad es la puesta a disposición de la DGA del suelo necesario para construir el futuro instituto del barrio en la calle Ibón de Astún, justo enfrente del centro de Primaria Miralbueno, y en una parcela de terreno de 1.713 metros cuadrados a los que añadirán otros 204 que estaba previsto dedicar a ensanchar la acera. El cambio en el planeamiento incluye modificar la calificación de una parcela que estaba dedicada a usos asistenciales. Ya no habrá excusas para iniciar la construcción de un centro más que urgente.

EN LAGASCA // Respecto al Picarral, el pacto pasa por cambiar de sitio el suelo que se iban a destinar a la construcción de vivienda protegida, las 30 que correspondían al consistorio ahora se levantarán en un terreno existente en la calle Juslibol, justo detrás del IES Picarral. Y las 42 plazas de aparcamiento que correspondían a los viales urbanos que ahora se suprimirán, se llevarán también allí pero, mientras no se ejecuten las obras, la Cámara las habilitará en superficie en los terrenos donde se levantarán más de 150 viviendas libres.

En ello radica la ganancia de un ayuntamiento que, en el global de la operación, pierde metros cuadrados. Pero desatasca el problema a los vecinos y, además, ingresará el 10% del aprovechamiento que genere otra recalificación, la del suelo del antiguo Tribunal de Mnenores en la céntrica calle Lagasca, en propiedad de la DGA, que ahora podrá venderlo, porque podrá reconvertirse en vivienda (ahora su uso es administrativo) y se revalorizará. Al final, todos ganan. Por eso la unanimidad en la Comisión de Urbanismo ayer.