El Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) afronta hoy su último día de actividad antes de integrarse mañana, definitivamente, en el Servicio Aragonés de Salud.

El proceso, aprobado mediante una ley de lectura única que ayer fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), no ha estado exento de polémica en los últimos meses, en los que los trabajadores de los cuatro centros de este consorcio que presta asistencia sanitaria especializada en Jaca, Fraga, Ejea y Tarazona han mostrado su "malestar" e "incertidumbre" por "la falta de información" por parte del Departamento de Sanidad.

También los sindicatos de la Mesa Sectorial y los grupos parlamentarios de la oposición han criticado el proceso de integración del consorcio en el Salud. Y el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha tenido que dar respuesta en las Cortes de Aragón de la situación del CASAR en muchas ocasiones. Una integración que fue una promesa electoral del PP y que, punto de concluir la legislatura, el Gobierno de Aragón la ha cumplido, aunque con polémica.

DESDE EL 2006 El consorcio se puso en marcha en el 2006, cuando el PSOE estaba al frente del Gobierno de Aragón. Entonces, se pensó que era forma de ahorro y llegaría a la atención de alrededor de 120.000 personas de las comarcas.

En el 2011 --ya con el PP al frente-- y según reconoció Oliván mediante una pregunta parlamentaria, la deuda del CASAR era de más de 9 millones de euros. Esta fue una de las razones principales para impulsar su integración en el Salud, porque supondría ahorro y evitaría que el CASAR fuera acumulando déficit año tras año.

Mañana, la resolución de esta polémica sanitaria llega con más de un año de retraso, porque Oliván aseguró en el 2013 que la integración "sería total" a principios del 2014. Sin embargo, los problemas para poder incorporar a los 347 trabajadores retrasaron la absorción y el consejero de Sanidad tuvo que admitir que el tema era "complejo" debido a las diferentes categorías laborales de los sanitarios (hasta doce tipos de contratos diferentes).

PROTESTA Las declaraciones del consejero hicieron reaccionar a los trabajadores, que empezaron a temer por su futuro laboral. El 4 de junio, representantes de los diferentes centros sanitarios del CASAR se concentraron en Zaragoza ante las puertas del Departamento de Sanidad y exigieron "explicaciones" de la integración del organismo.

Una vez que Oliván llevó el debate del CASAR al pleno de las Cortes y anunció que el 31 de diciembre sería el último día de actividad del consorcio, las críticas por parte de la oposición y de los sindicatos no tardaron en llegar.

Algunos colectivos, como CCOO, consideraron que la ley podía ser "anticonstitucional" porque no atiende a criterios "transparentes" por dotar de un estatus laboral determinado a trabajadores que en su día accedieron a su puesto --en algunos casos-- en unas condiciones distintas al resto de empleados públicos.

Tras meses de idas y venidas, el CASAR cierra hoy sus puertas ante la incertidumbre de saber qué pasará a partir de mañana con sus 347 trabajadores en las filas del Salud.