El Ayuntamiento de Zaragoza planea instalar cuatro cámaras de seguridad más en el Casco Histórico, con lo que se duplicará el número de estos dispositivos existentes en esa parte de la ciudad. La duplicación de estos medios de grabación de imágenes responde en cierta medida, por un lado, a la inseguridad derivada de la okupación ilegal de viviendas. En ocasiones la invasión de casas vacías tiene un efecto directo sobre el incremento de los niveles de delincuencia, desde las agresiones a la venta de drogas al menudeo. Además de incidir negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos por las molestias que lleva aparejadas en cuanto a ruido y proliferación de basura.

Pero, por otro lado, ha influido en esta decisión la experiencia positiva que supuso, a mediados de diciembre del año pasado, la colocación de cuatro dispositivos de vigilancia en el mismo entorno urbano, en concreto en la calle Pignatelli.

Desde finales de diciembre del 2020 y hasta mediados de febrero pasado «la Policía Nacional no nos pidió en ningún momento poder ver las imágenes grabadas en la calle Pignatelli, al no haber ocurrido ningún hecho delictivo», apunta Alfonso Mendoza, concejal que preside la Junta de Distrito del Casco Histórico, responsable de las áreas de Interior y Bomberos en el Ayuntamiento de Zaragoza.

«Se trataba de un plan piloto que, por el momento, ha demostrado que tiene un gran valor disuasorio», asegura Mendoza, que precisa que la ubicación de las cuatro nuevas cámaras es objeto de estudio con las asociaciones de vecinos.

«Lo cierto es que estos mecanismos de grabación contribuyen a crear una sensación de seguridad en los residentes, pero también hay que guardar un equilibro con el derecho a la intimidad de las personas», advierte el presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, que subraya que, «si no hay seguridad no es posible ni la convivencia ni el comercio ni ninguna otra actividad».

En su opinión, la degradación de la convivencia en el Casco Histórico de la capital aragonesa es resultado de la falta de actuación de los poderes públicos en épocas anteriores. Ahora bien, añade, «es imposible colocar una cámara de seguridad en cada farola».

Las primeras cámaras, que tuvieron un coste de unos 20.000 euros, son competencia del ayuntamiento, y la Policía Nacional, llegado el caso, solicita el visionado de sus grabaciones «pero solo cuando se produce un incidente que tiene que ser investigado», precisan fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Ahora mismo, la política municipal en materia de seguridad se centra en determinar en qué medida estos mecanismos de obtención de imágenes sirven para la prevención de posibles delitos y para su resolución cuando se producen.

En la actualidad, existen 13 cámaras destinadas a la protección de monumentos, así como cajas de radar. Ese es el caso del monumento del Justicia, la puerta central del Ayuntamiento de Zaragoza, el monumento de la Expo, los cañones de la guerra de la Independencia en la glorieta de Sasera y la gran cruz del cementerio de Torrero, donde hace unos años se levantó un memorial en recuerdo de las personas fusiladas en la guerra civil en la ciudad. En todas esas ubicaciones, el objetivo principal de la filmación continua es evitar actos de vandalismo de forma preventiva.

Asimismo hay cámaras en edificios municipales como en las sedes del consistorio en la plaza del Pilar y en el antiguo Seminario. También dispone de estos modernos sistemas de control el cuartel de la Policía Local, en la calle Domingo Miral, al igual que otras dependencias del Gobierno de la ciudad repartidas por el centro y los barrios.

«Se trata de cámaras similares a las que se encuentran en la sede del Gobierno de Aragón, en los Juzgados de la Expo y en las comisarías de policía», señala una fuente municipal.

Al margen de la seguridad ciudadana, se cuenta además con otras 70 cámaras para el control del tráfico (61 son con cable y 9 digitales). Estas dependen del departamento de Movilidad del ayuntamiento y sirven primordialmente para la regulación del tráfico rodado en los puntos más conflictivos y saturados y en las intersecciones que registran una circulación más densa.

En el caso de las cámaras de seguridad ubicadas en el Casco Histórico se trata de cuatro dispositivos fijos, con visión nocturna, que vuelcan imágenes en la base de la Policía Local a través de unos cables. Su funcionamiento se adapta al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y las imágenes obtenidas solo pueden ser utilizadas si lo requiere una investigación policial o la autoridad judicial competente. Las imágenes se van almacenando durante un mes y se revisan cuando la situación lo exige. Transcurrido el plazo preceptivo, se reutilizan y se graba encima de las imágenes anteriores.

El Ayuntamiento de Zaragoza cumplió de esta forma el compromiso que adquirió con los vecinos del distrito del Casco Histórico en lo referente a la instalación de cámaras de seguridad con el objetivo de aumentar la seguridad y mejorar la convivencia en la zona, indica una fuente municipal. Se colocaron tras obtener autorización para ello de la Subdelegación del Gobierno central en Zaragoza, que colaboró con las autoridades municipales, subraya Mendoza.

«Creemos que la seguridad es necesaria para reafirmar la convivencia entre los vecinos y es fundamental para revitalizar el comercio de la zona», señala Alfonso Mendoza. «Sin seguridad no hay ninguna herramienta urbanística ni campaña de concienciación que sea una total garantía de éxito», afirma. Unas medidas de seguridad que van acompañadas de inversiones en la zona con el fin de incrementar el bienestar de los residentes y equipararlo con el de los vecinos de otros distritos de la capital aragonesa.