Casi un centenar de inmigrantes han denunciado "abusos" discrimatorios en el ámbito administrativo, laboral y social durante el año 2003.

Agustín Redondo, secretario de Políticas para la Igualdad de UGT Aragón, reconoció que la cifra --93 denuncias-- no es representativa de la realidad social, ya que con la ley actual los extranjeros en situación irregular se arriesgan a ser expulsados si denuncian sus condiciones.

Según el informe anual de UGT presentado ayer, las principales víctimas de la explotación en Aragón son los 15.000 extranjeros irregulares que ejercen alguna actividad laboral. Y es que una tercera parte de los 62.340 extranjeros residentes en Aragón, concretamente 23.225, están sin papeles . Estos inmigrantes proceden principalmente de países norteafricanos, subsaharianos, latinoamericanos y de Europa del Este, y la mayor parte tienen edades comprendidas entre 20 y 45 años.

Antonio Ranera, responsable del Departamento de Migraciones de UGT, destacó que la inmigración en Aragón se ha multiplicado por cuatro desde 1999 y que la sociedad aragonesa ha acogido con "normalidad" este fenómeno. No obstante, los dirigentes de UGT reconocieron que los inmigrantes en Aragón siguen sufriendo situaciones de racismo, ya que tienen que soportar salarios por debajo de lo establecido en la legislación y sufrir negativas en el acceso a la vivienda, la sanidad y otras ayudas sociales por su religión o color de piel.

Uno de los casos de mayor repercusión durante el pasado año ha sido el de Máximo Valmorin, que tuvo que abandonar el negocio que regentaba en el barrio de las Fuentes, El negrito zumbón, ante las presiones recibidas por una minoría de radicales.

COMPROMISOS El dirigente de UGT, Agustín Redondo, explicó que durante los últimos cuatro años se han producido tres reformas de la Ley de Extranjería que "han tenido un estrepitoso fracaso". Redondo recordó el compromiso del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de reformar esta Ley con el consenso de todos los partidos, las organizaciones sociales y sindicales, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Redondo reivindicó asimismo una mejora de la política de extranjería, que ha sido derivada a unos consulados carentes de medios, para "erradicar las creación de mafias que trabajan con personas". En el ámbito social, el sindicato reclamó campañas de sensibilización, políticas educativas basadas en la convivencia entre las distintas culturas y actuaciones concretas que potencien el alquiler de viviendas vacías.