Este lunes llegará a la Ciudad de la Justicia el primero de los casos Plaza que actualmente manejan los juzgados zaragozanos. Se trata de la causa civil por la construcción de dos edificios de Plaza Center, que en opinión del Gobierno de Aragón costaron injustificadamente 17 millones de euros más de lo debido. Por ello reclaman a la constructora, propiedad de Agapito Iglesias, que acudirá como demandado, que devuelva el importe.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza celebrará este proceso durante tres días, en el edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la Justicia. Este lunes comparecerán los testigos, tanto por parte de la DGA como por la empresa demandada, Plaza Center Campus Empresarial, perteneciente al grupo Codesport.

TESTIGOS

Entre los primeros está citado Ricardo García Becerril, exgerente de la plataforma logística, encartado en las dos causas penales derivadas de Plaza que siguen abiertas. La DGA pidió su procesamiento penal por este caso, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza no vio irregularidades en su gestión como para continuar con el proceso, que ahora se decidirá en la jurisdicción civil. También comparecerán dos ejecutivos de la empresa de tasación Tinsa y Javier Bazaco, administrador único de ADL Technology y mano derecha de Agapito Iglesias.

Por la parte contraria acudirán varios de los antiguos miembros del consejo de administración de Plaza, algunos de ellos fugazmente imputados en el caso apartadero, ya archivado. Están citados el exconsejero de la DGA Javier Velasco; el actual director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Cavero; el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó; el exconsejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz; su homóloga en Tecnología, Maite Verde y el también excomponente del consejo de administración de la plataforma José Luis Abad.

Sus testimonios, previsiblemente, no se apartarán mucho de la línea que mantuvieron en su día cuando declararon ante el instructor de la causa penal archivada. La denuncia del actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, acusaba a García Becerril de haber ocultado información a los miembros del consejo de Plaza entre el 2006 y el 2007, para que aprobaran conceder a Plaza Center Empresarial un pelotazo de "al menos unos siete millones de euros", al comprarle un edificio a precio de mercado cuando tenían acordado que debía ser tasado a precio de coste.

Pero los exconsejeros coincidieron en que, en realidad, la previsión inicial era comprar el edificio denominado Plaza Center-1 (PC-1, destinado a oficinas), pero terminaron dando su visto bueno a adquirir otro, el Plaza Center-10 (PC-10) para que acogiera los espacios de prácticas de un ciclo de FP de Logística que la DGA proyectaba impulsar. El aumento del precio se debió, justificaron, al incremento del lote.

Los miembros del consejo de administración coincidieron asimismo, como lo han hecho a lo largo de sus declaraciones como testigos o imputados en las causas penales, en que tomaban las decisiones por unanimidad y tras recibir asesoramiento técnico.

Tras las argumentaciones, la causa penal fue archivada en lo que a la presunta administración desleal de García Becerril se refiere. Pero ello no cerró las puertas a que el Gobierno de Aragón reclamase, como ahora lo hace, un sobreprecio que considera injusto al constructor soriano.

Tras las declaraciones del propio Agapito Iglesias y los testigos el lunes, el martes será el turno de los peritos, tanto de los del Gobierno de Aragón como los aportados por Codesport, además de los designados por el propio juzgado.