La pequeña Dunia Chahidi Alaoui Tapia fue sacada ilegalmente de España, vía Marsella, a pesar de que había una orden judicial de cierre de fronteras. Su madre, llegó a pagar, en un descampado junto a la playa de Casablanca, un anticipo de dos millones de pesetas (unos 12.000 euros), a cuenta del rescate de 10 millones exigido por el padre, Abdelhilah Chahidi. No fue lo único que Belén Tapia hizo por conseguir que su hija regresara a España, llegando incluso a pedir ayuda a rey Juan Carlos I y al alauita Mohamed VI. Tuvo varias entrevistas al más alto nivel, llegando incluso a hablar con el que fuera primer ministro marroquí, Abderramán Yusufi, quien se comprometió a entregarle a Dunia en el 2000 en Rabat.

Tapia nunca ha podido ver con sus ojos el supuesto certificado de defunción de la menor porque nunca le llegó. Tan solo se lo dijeron de forma verbal. Sin embargo, la Casa Real española le llegó a dar su pésame por el fallecimiento de la menor. «Su Majestad me ha encargado que en Su nombre le dé su pesar por la irreparable pérdida de su hija y un saludo lleno de afecto...» , dice un párrafo del texto que le enviaron a Tapia y que fue publicado por El País en el 2002.

En este caso de constantes sinsabores resalta también cuando la oficina de Interpol España respondió al Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, el encargado de la investigación, que no podía proceder al arresto del padre de Dunia porque el delito por el que se pidió en aquel momento (año 2000) no tiene una pena superior a un año. El proceso penal que se abrió en la época fue por un delito de desobediencia grave. El juez instructor consideró que debía abrirse el procedimiento penal por este delito y no por secuestro y detención ilegal, tal y como pidió en su querella Belén Tapia. Y es que el magistrado entendía que la separación judicial de la pareja mantenía la patria potestad compartida de ambos con régimen de visitas.

Por este asunto llegó a estar condenado el propio Estado. Fue la actual ministra de Defensa y en el 2002 magistrada de la Audiencia Nacional, Margarita Robles, la que consideró que el funcionamiento de la Administración «fue inadecuado». En el 2009, El Tribunal Europeo de Estrasburgo dictaminó que España hizo lo que estaba en su mano.