El Tribunal Supremo mandó repetir el juicio del caso La Muela en el 2018, tras considerar que la exalcaldesa María Victoria Pinilla estuvo indefensa durante el juicio en la Audiencia de Zaragoza. Volvió a celebrarse en 2019, pero solo consiguió una rebaja de 11 meses de prisión y casi millón y medio en multas. En total fue condenada a 16 años, un mes y un día de cárcel. Ahora, a través de su abogado defensor, Santiago Palazón, dicho fallo vuelve a estar en manos del Alto Tribunal.

El letrado zaragozano ha recurrido el fallo por entender que la base probatoria principal, las escuchas telefónicas, deben ser anuladas. Considera que fue una medida «desproporcionada», que su cadena de custodia «se rompió» y que hubo «vicio judicial en la prórroga de las mismas». Ante ello pide la absolución.

No es el único, el abogado Enrique Esteban Pendas, hace lo propio con el empresario Antonio Fando penado con casi 7 años. Inicialmente el que fuera representante legal de Nuevas Tecnologías del Agua (NTA) fue condenado a diez años de prisión. Su defensa entiende que los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que volvieron a dictar sentencia (la segunda) lo hicieron "predeterminados por la anterior del 2016 que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2018 para algunos de los acusados y declarada nula para seis acusados". "Se ha vulnerando con ello el derecho al juez imparcial y a la tutela judicial efectiva consagrados por nuestra Constitución, así como el derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", apostilla.

A estos dos acusados se unen también los hermanos David y Julio de Miguel, condenados a seis meses de cárcel por sendos delitos contra la hacienda pública; el exconcejal de La Muela, Fernando Embarba, que fue condenado a ocho meses de inhabilitación y el pago de una multa de 1.440 euros frente a los tres años de prisión iniciales por malversación, y el constructor Ignacio Usain de Construcciones Sagain y que fue castigado con dos años de cárcel y un día por fraude, aunque en la primera sentencia fue absuelto de ello.

Caso especial es la situación del empresario que gestionaba con la sociedad Aranade el urbanismo de La Muela, Julián de Miguel. Fue absuelto de un delito continuado de fraude a la administración, pero en el segundo fallo le fue impuesto dos años y un día de cárcel. Recientemente fue fallecido, por lo que sus responsabilidades penales se han extinguido.