La crisis por el control empresarial que está viviendo la Fundación Progea --propietaria de la mayor gestora inmobiliaria de Aragón-- puede salpicar, indirectamente, a la Asamblea Extraordinaria de Izquierda Unida (IU) que se celebrará a primeros de diciembre en Madrid. La inyección económica de 4,8 millones de euros recibida por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FMI), ligada al Partido Comunista de España (PCE), por la venta de sus acciones podría incidir en las maniobras que se desarrollan en la lucha por el liderazgo abierta en el seno de la coalición.

La venta de las acciones que la FMI poseía en las distintas sociedades del grupo Progea se produjo ante notario el pasado 20 de julio. Inmaculada Merodio y Michel Buchser firmaron la enajenación por 4,65 millones de euros, aunque "en sus declaraciones ante los distintos Consejos de Administración a los que pertenecían siempre mantuvieron que la propiedad real de dichas acciones era del PCE", según consta en el texto de la denuncia que el hasta ahora máximo dirigente de Progea, Carlos Luján, ha presentado ante el juez contra los actuales responsables del grupo, y que EL PERIODICO publicó ayer. El texto y la documentación se encuentran en manos del magistrado del Juzgado número 3 de Zaragoza, Alfonso Ballestín.

INYECCION ECONOMICA La compra de las acciones del FMI convirtió al grupo Progea en propietario del cien por cien del accionariado, y resolvió momentáneamente las luchas internas que hasta entonces pervivían entre dos facciones del propio grupo. Al mismo tiempo, el entorno del PCE percibía unos ingresos, frente a la paulatina disminución de fondos como consecuencia de su progresiva pérdida de representatividad en las distintas instituciones.

En estos momentos, la dirección nacional de la coalición estudia la elaboración de una lista única que esté encabezada por el candidato que cuente con el mayor consenso dentro de la organización. La información ahora revelada podría utilizarse como instrumento entre los distintos sectores, encabezados por el actual coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el secretario general del PCE, Francisco Frutos.

REQUERIMIENTO Carlos Luján afirma en la denuncia que ha presentado ante el juez que la relación del PCE con el grupo Progea llevó en el mes de octubre del 2002 a los entonces directivos de la promotora a requerir, por vía notarial, a quince representantes significativos del Partido Comunista de toda España que manifestaran abiertamente "si es cierto que dicho partido tiene empresas" y, en tal caso, cómo se reflejaban éstas en su contabilidad. Según el propio Luján, nunca se llegó a producir una respuesta.

Distintos sectores de Izquierda Unida en Aragón han señalado que estas informaciones no van a perturbar la asamblea nacional, y que las discusiones se están centrando tan sólo en el documento que se presentará en Madrid. Y mientras afirman que el tema se centra exclusivamente en una lucha entre tiburones del mundo inmobiliario, otros representantes consultados en Madrid sí admiten preocupación.