Una circular no se publica pero no es secreta", sentenció ayer el exteniente de alcalde de Economía de Zaragoza, Francisco Catalá, al declarar como testigo en la octava sesión del juicio con jurado popular del caso Becerril que celebra la Audiencia de Zaragoza.

Catalá se refería así a la circular de su departamento fechada el 19 de enero del 2009 sobre las obras del FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) que el exconcejal Antonio Becerril ordenó pasar al día siguiente al empresario Carmelo Aured y que este reenvió a otros tres contratistas amigos suyos.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión y 16 de inhabilitación para Becerril, al que acusa de pasar información confidencial a Aured --por la circular, por un documento provisional con las condiciones de un concurso cuyo origen no está probado y por otro de valoración de ofertas del que hablaron por teléfono pero no fue intervenido--, influir para que empresas de amigos del segundo ganaran adjudicaciones --no lograron ninguna--, y por presuntamente aceptar sobornos --no está documentado el origen de los 17.000 euros sin justificación cuyo ingreso atribuye la Policía el exedil-- e invertir parte de las supuestas dádivas --6.000 euros-- en afiliaciones de 80 falsos militantes del PSOE.

INFORMES Catalá y varios funcionarios que declararon ayer coincidieron en señalar que los pliegos de cláusulas de los concursos son públicos cuando estos son anunciados en un boletín, en que tenerlos antes es "irrelevante" porque "hay tiempo suficiente para presentar ofertas" y en que los intervenidos a Aured no eran las condiciones definitivas de las licitaciones. El ayuntamiento las aprobó el día 23 de ese mes de enero.

La circular "no era pública, no se publica en ningún sitio, pero era pública y notoria. No es secreto, y se le facilita a cualquiera que la pida", explicó Catalá, que añadió que poseerla "no da ninguna ventaja" en los concursos.

Tanto los funcionarios como el exteniente de alcalde explicaron que los colegios de Ingenieros y de Arquitectos tenían la información municipal sobre muchas de las 167 obras del FEIL porque fueron ellos quienes redactaron los proyectos y añadieron que el listado de obras fue conociéndose a través de los medios de comunicación y en reuniones con los agentes locales --asociaciones de vecinos, juntas de Distrito, Consejo de la Ciudad, etcétera-- a medida que se iba confirmando su inclusión en el FEIL, antes de las licitaciones.

Manuel Medrano, concejal del PP en la legislatura 2007-2011, añadió que en el caso del Distrito de La Romareda, que él presidía, la lista de obras era una "reclamación histórica" con orden de prioridades elaborada y difundida ya en el año 2000.

Junto con Becerril y Aured --Fiscalía pide para él dos años de prisión-- se sienta en el banquillo el empresario Juan Carlos Esteban, para quien el ministerio público solicita año y medio de cárcel por la adjudicación --presuntamente por la intervención del exedil-- de una contrata de 800.000 euros de Acciona en las obras del emisor de agua de lluvia de Arcosur. Los funcionarios explicaron que el consistorio supervisó esa obra, aunque no la dirigió.