La suspensión cautelar ordenada por el juez del cierre de aulas impuesto por el Departamento de Educación en 13 colegios concertados supondrá, casi con total probabilidad, que un total de 88 niños de 3 años comiencen el curso en el colegio elegido y figurar en las listas definitivas de admitidos publicadas ayer en los propios colegios. Porque, como estaba previsto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) también estimó ayer los recursos presentados por Virgen de Guadalupe (Zaragoza), San Gabriel (Zuera) y Nuestra Señora de la Esperanza (Pina) después de haber hecho lo propio, el martes, con los de Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresiano del Pilar.

De este modo, la mayor parte de los más de cien niños que habían quedado fuera de su colegio elegido merced a la resolución del departamento vuelven a su centro. Estos 88 niños podrían ser más si Calasancio o Escuelas Pías de Santa Engracia -ambos en Zaragoza- también deciden presentar el recurso -disponen de dos meses para ello- pero no está claro que lo hagan una vez publicadas ya las listas definitivas de admitidos. Si no lo presentan, casi 20 niños quedarán abocados a los colegios elegidos como segunda opción y sucesivas.

PRECEDENTES // Los precedentes invitan a pensar que las cautelares no se levantarán, al menos, antes del comienzo del próximo curso. Estas mismas medidas fueron aplicadas por el juez en los casos del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva y en la fallida reducción del horario lectivo de Religión. En ambos casos, esas cautelares siguen vigentes, lo que hace prever que sucederá lo mismo con la concertada.

Y eso que, ayer, la consejera de Educación, Mayte Pérez, anunció que el Gobierno de Aragón presentará alegaciones y recurrirá los autos del TSJA. La consejería indicó que aplicará y cumplirá los autos.

La consejera quiso dejar claro que una cosa es este proceso «administrativo» de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años para Infantil y cada seis para Primaria, y otra el proceso de escolarización.

El TJSA alegó «razones de urgencia» para suspender de forma cautelar la decisión del Gobierno respecto a estos siete cierres y dado que «siempre es posible su modificación o levantamiento cuando finalice el proceso de escolarización y antes del inicio del curso 2017-2018», según los jueces.

«Hemos sido honestos, mirando a los ojos a los responsables de la concertada y diciendo claramente lo que queríamos hacer, teniendo en cuenta el descenso demográfico y que se trata de una renovación a cuatro y a seis años», añadió. Y consideró que lo «lógico» hubiera sido que al principio del proceso, cuando las familias pidieron sus plazas, viendo la demanda se hubiera podido tomar una decisión «para causar los menos trastornos posibles».

Los centros concertados, «que no lo han entendido» han «obligado» al Gobierno a hacer «otra cosa», lamentó.