Todo empezó, o volvió a empezar en Aragón, el pasado martes cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación instó a las comunidades autónomas a mantener el control de la población de jabalí para prevenir daños en las explotaciones agrarias, y evitar la propagación de epizootias, en particular la peste porcina africana. Ya en ese momento la fauna cinegética estaba causando importantes daños en los cultivos, sobre todo desde que se decretó el Estado de alarma y se prohibió la caza por no considerarla actividad esencial. Desde ayer lo vuelve a ser, a raíz de una orden publicada en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) que habla del desequilibrio poblacional en las especies cinegéticas y cómo se traduce «en graves perjuicios y amenazas para la agricultura y la ganadería, así como para los ecosistemas, y que puede derivar en graves riesgos y afecciones en el ámbito de la sanidad animal y vegetal». La Orden está dirigida a acabar con ese peligro, la preocupación de tantos que ya fue reflejada el pasado año en un decreto-ley, medida que nunca antes había sido adoptada.

Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, reconoce que hay preocupación «por el peligro que supone la propagación» de la peste porcina africana. «Es una enfermedad que no afecta a las personas, que quede claro, aunque sí la transmiten y es un virus catastrófico para los cerdos. Costó décadas erradicarla y desde hace unos 35 años España está libre de esta enfermedad que, si se introdujera, sería verdaderamente catastrófica desde el punto de vista económico porque automáticamente nos cerraría la exportación. En China están asolados por esta enfermedad y por eso España exporta tanto a este país. También está muy extendida en los países del Este de Europa, no está lejos y tenemos que tener un cuidado extremo porque sería catastrófico económicamente»

Según la Orden, «la actividad cinegética expresamente orientada al control poblacional de las especies cuya sobrepoblación ocasiona daños agrícolas graves, supone amenazas sanitarias relevantes para la ganadería o conlleva riesgos apreciables para los ciudadanos y los ecosistemas, no cabe ser considerada como una mera actividad recreativa ni deportiva».

«Es una acción a medio y largo plazo. No habrá efectos inmediatos, pero estoy convencido de que será una medida eficaz y, de hecho, ha habido una importante demanda para que lo hiciésemos», manifestó ayer Olona, que explicó que en algún momento incluso se les llegó a pedir que se declarase la caza como un trabajo. «Considerarlo un trabajo nos llevaría a otras derivadas, pero hay que reconocer que la labor del control poblacional trasciende con mucho a la actividad deportiva. De hecho, ya en el decreto-ley se les obligaba a los cotos a intensificar la caza del conejo en los municipios donde hay sobrepoblación de conejos y, por lo tanto, daños agrícolas», explicó el consejero, que remató con buen humor: «A la gente no se le obliga a hacer deporte, a divertirse, pero en este caso se necesita que cacen más. Y cuando dejen de divertirse y empiecen a aburrirse, por favor que sigan porque es necesaria esa intensificación».

Se entiende que resulta «absolutamente necesario» que, con carácter excepcional, puedan reanudarse los controles poblacionales en determinados ámbitos espaciales y para determinadas especies cinegéticas. «Se considerarán expresamente autorizadas en Aragón las actividades cinegéticas cuya exclusiva finalidad sea el control poblacional del jabalí, conejo, corzo, ciervo y cabra montés, conforme a las condiciones que se establecen en la presente Orden», que aclara que en ningún caso es aplicable a los cazadores que no residan en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha actividad podrá desarrollarse exclusivamente en los términos municipales incluidos en el Plan General de Caza para la temporada 2019-2020.