El sindicato CCOO ha alertado este jueves de que el ahorro en las adjudicaciones públicas en Aragón «tiene consecuencias directas en la calidad del empleo de esas contratas». Así, destacaron que en el último trimestre del año (y el pasado mes de febrero) salieron a contratación pública contratos por un valor de 33,5 millones de euros, algo que evitó 3,4 millones frente al gasto previsto en los pliegos que anunciaban la licitación. Este ahorro se acaba saldando con la precariedad laboral de los empleados que tienen que desempeñar los servicios.
En los cuatro meses analizados por el sindicato la totalidad de las administraciones públicas aragonesas adjudicaron ochenta contratos (26 en el mes de octubre, 13 en noviembre, 26 en diciembre y 15 en enero) por un valor de 30,5 millones, 3,4 millones por debajo de lo licitado, lo que supone un 10,2% de ahorro para las arcas públicas.
«Notamos que no se gasta todo el presupuesto y esto supone una pérdida de calidad en el servicio y en el empleo», constató el secretario general estatal de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez. Y de forma paralela dennuncian que supone desviar fondos que se deberían invertir en ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.
SOBRECARGA
Entre los sectores de la administración más afectados por este ahorro se encuentran los que basan la mayor parte de su coste en el personal, como es la limpieza de los edificios públicos, la atención domiciliaria, el mantenimiento o la seguridad privada. «Se propicia una sobrecarga del trabajo», lamentó el secretario general de Construcción y Servicios en Aragón, Fernando Baraza.
Por meses, los contratos adjudicados en octubre se hicieoron en 1,2 millones por debajo de lo presupuestado en los boletines oficiales, en noviembre por 560.000 euros menos, en diciembre por algo más de 500.000 y en enero fue por 1,1 millones de euros menos.
Así, de los 3,4 millones de euros previstos, el Gobierno de Aragón dejó de gastar más de 1,6; las entidades locales 1,2 y el Estado más de 600.000. Este último dato confirma, que según lo licitado inicialmente, ha sido el Estado (con un 20% de ahorro) el que más ha rebajado los precios de adjudicación al contratar a las empresas de servicios.
"BAJAS TEMERARIAS"
Consideran que el conjunto de las administraciones públicas en Aragón (tanto la estatal como la autonómica y municipales) está aceptando «bajas temerarias» por no aplicar la ley de contratación pública del 2017 que pone el acento en defender la calidad de los servicios. Esto se debe a que sigue en vigor una norma anterior que obliga a optar siempre por la oferta más barata: la ley de indexación del 2015 aprobada para evitar revisiones de precios por la elevación del IPC.
Esto supone que empresas que «no cumplen» con sus obligaciones a la Seguridad Social o con Hacienda puedan ser contratadas por las administraciones porque, según Sánchez, «lo que marca el contrato es el precio». Desde CCOO piden que se derogue. «Hace falta primar los criterios técnicos de calidad, no los del precio», señalaron.
Los empleados se ven obligados a suplir el ahorro en los concursos
CCOO denunció que son los empleados, de forma directa, los que se ven obligados a suplir el ahorro que logran las empresas en los concursos públicos. Así, el secretario general de Construcción y Servicios en Aragón, Fernando Baraza, ejemplificó que en Aragón los trabajadores y trabajadoras están asumiendo mayores cargas de trabajo por el mismo salario. «Tras la reducción de los presupuestos del Salud, una trabajadora de limpieza de un centro sanitario como el Miguel Servet se encargaba de cubrir media planta y actualmente lo hace de una planta completa», dijo.
