Cada año se producen en la administración pública autonómica en torno a 450 modificaciones de puestos de trabajo. Muchas de ellas responden a criterios técnicos y «lógicos» por las nuevas necesidades organizativas que van surgiendo en el día a día, pero otras responden en exclusiva a «premios» y colocaciones de carácter político. Así lo denunció ayer CCOO Aragón, que estimó que entre el 15% y el 20% de esos cambios son «a dedo». Es decir, el sindicato estima que cada año se producen unas 90 modificaciones que solo responden a criterios políticos. Cuando es año electoral y hay cambio de signo político «hay muchas más», destacó ayer en una rueda de prensa el secretario general del sector autonómico de CCOO, Francisco José González, que urgió acabar con la «politización» de la administración pública.

El sindicato insistió ayer en que estas prácticas las han protagonizado por igual todos los Ejecutivos autonómicos, independientemente del color político, y que se vienen produciendo desde hace muchos años. No hay que olvidar que Benito Pérez Galdós ya denunciaba en sus novelas la politización de la administración pública. «Todos los gobiernos caen en esta tentación para pagar favores y captar adeptos», lamentó González, que apuntó que cuando se produce un cambio electoral los «que llegan» incluso se encargan de acomodar a los empleados designados por sus contrincantes. «Entre bomberos no se pisan la manguera», ironizó.

Sin duda, lo más grave de todas estas prácticas es que generan un auténtico agujero en las arcas públicas porque muchos de esos puestos de confianza se consolidan en el tiempo. En este sentido, el sindicato recordó que la mayoría de las plazas creadas «a dedo», que se articulan a través de modificaciones publicadas en el BOA, corresponden a jefes de servicio o asesores técnicos. Unos nombramientos que suelen circunscribirse a la administración general de la DGA (servicios administrativos, agricultura, medio ambiente, servicios sociales, personal de limpieza...).

CCOO lamentó que estas prácticas perjudican a los funcionarios «que no tienen contactos políticos» y que ven lastrada su progresión profesional, pero también acaban perjudicando a los ciudadanos porque impide que servicios que necesitan ser reforzados no lo hagan. «Se eliminan indios para poner jefes; prefieren crear esos puestos antes de dotar guarderías, residencias de mayores o destinarlos a la conservación de carreteras», denunció la responsable de provisión de puestos de CCOO en la DGA, Tania González, que explicó que el mayor número de cambios se produce entre los meses de abril y octubre del año de inicio de cada nuevo mandato.

El año pasado, por ejemplo, concretó que se modificaron 271 puestos, se amortizaron 95 y se crearon 102, de forma que se generaron siete puestos más que los amortizados para jefaturas.

El sindicato insistió en que muchas de esas modificaciones responden a criterios organizativos lógicos, pero lamentó que los partidos se aprovechen de ellas para «colar» personal «de su cuerda».

CAMBIO LEGISLATIVO

Ante esta situación, CCOO exigió un cambio inmediato en el decreto que permite las «irregularidades que orbitan alrededor de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo», y que tendría que evitar la ley de función pública pendiente desde hace doce años, además de la vuelta de los sindicatos a los espacios de negociación, de los que salieron hace más de quince años por no respaldar esas modificaciones.

El sindicato también reclamó que todos los cambios se incluyan en el portal de transparencia para que se puede ver la verdadera dimensión de lo que ocurrido para que los partidos dejen de usar la administración «como si fuera suya».