La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Aragón presentará una demanda por ausencia de negociación en la integración del personal del Consorcio Aragonés de Salud (Casar), un proceso que entiende que debería haberse desarrollado dentro del marco legal vigente.
Asimismo, CCOO considera que debe ser la propia Dirección General de la Función Pública la que se pronuncie sobre los términos legales en los que debe producirse la integración del personal -y no otros agentes que se están pronunciando en términos "pseudojurídicos"- para dar seguridad jurídica real a todos los trabajadores implicados.
El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Aragón, Juan Urdániz, ha hecho pública hoy en rueda de prensa su posición respecto al proceso de integración del personal del Casar en el Servicio Aragonés de Salud.
Una integración que, ha dicho, el Gobierno de Aragón pretende llevar a cabo mediante lo que todavía es un anteproyecto de ley que será tramitado por las Cortes mediante el procedimiento de lectura única.
Urdániz ha lamentando que el Gobierno haya elegido esta vía excepcional, que ha tachado de "poco transparente", para llevar a cabo un proceso que es habitual en el terreno de lo laboral, mediante los procedimientos de sucesión de empresas con subrogación de los trabajadores y que ya tiene su marco legal perfectamente definido.
A este respecto, ha anunciado la presentación de una demanda por parte del sindicato ante lo que entiende que ha supuesto el "hurto" del derecho de los trabajadores del Consorcio a la negociación de sus condiciones laborales.
Urdániz ha asegurado que ningún sindicato está legitimado para definir la situación legal de los actuales trabajadores del Casar, tal y como se está haciendo en términos que ha calificado de "pseudojurídicos".
Ya que, según ha señalado, debe ser la propia Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón quien lo haga, mediante un informe que considera preceptivo a la hora de abordar este proceso con las máximas garantías y que CCOO ha reclamado insistentemente sin que haya sido hecho público.
Urdániz ha asegurado que la forma que ha elegido el Gobierno para llevar a cabo este proceso no sólo deja en una situación de inseguridad jurídica a los trabajadores del Casar, sino que va a suponer la judicialización de los procesos selectivos del Salud en el futuro.
Y que, por lo tanto, se pone en peligro al propio empleo público, creando una "crispación innecesaria" entre los trabajadores del Salud, que están sometidos a unas condiciones de acceso al empleo y movilidad perfectamente definidas, y entre los aspirantes a conseguir un puesto de trabajo en el Salud mediante los procesos selectivos correspondientes.
El sindicato ha presentado, asimismo, una queja al Justicia de Aragón por la negativa de Función Pública a hacer pública su postura oficial ante este asunto por medio de un informe que aclare la situación jurídica de todos los trabajadores y que permita, consecuentemente, determinar la figura que la ley establece para su integración en el Salud.
También ha mantenido una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón que concluirá hoy mismo con una entrevista con el propio consejero, Ricardo Oliván.
