Hasta un 20 por ciento de las cerca de 500 modificaciones que se producen al año en la relación de puestos de empleados públicos de la administración general del Gobierno de Aragón son premios a afines del gobierno de turno con jefaturas que después se consolidan, según Comisiones Obreras.

Francisco José González, secretario general del Sector Autonómico de CCOO Aragón, y Tania González, responsable de provisión de puestos del sindicato CCOO en la DGA, han expuesto hoy estas cifras en una rueda de prensa en la que han denunciado los cargos "colonizados por los agraciados de la política" y en la "champion league", siempre en jefaturas y puesto de alto nivel de la administración general -que cuenta con unos 12.000 empleados públicos- con un coste que han estimado en unos 6 millones de euros anuales.

Tania González, tras explicar que el mayor número de cambios se produce entre los meses de abril y octubre del año de inicio de cada mandato, ha concretado que en 2018 se han modificado 271 puestos, se han amortizado 95 y se han creado 102, de forma que se han creado 7 puestos más que los amortizados para jefaturas. "Se eliminan indios para poner jefes", ha denunciado.

Ha asegurado que los cambios se hacen sin una planificación por departamentos a largo plazo de las plantillas y en algunos casos es llamativo que un cambio en un puesto se vuelva a modificar, una vez ocupado, solo dos o tres meses después.

"Esto no ocurre por casualidad", ha remarcado el secretario general del Sector Autonómico de CCOO Aragón, sino porque no existe una herramienta objetiva que fiscalice el puesto de trabajo ante un cambio en aspectos como el grupo al que corresponde, la retribución o las responsabilidades que conlleva cuando es lo usual en la administración local.

Y además de criticar que los cambios solo aparezcan en el Boletín Oficial de Aragón y no en el portal de transparencia del Gobierno aragonés cuando se producen las modificaciones, ha incidido en que tampoco se incluyen las razones técnicas o administrativas que lo justifiquen.

Esto permite que entre las modificaciones aparentemente técnicas que se hacen se "cuele" una con sesgo político, y todos los gobiernos caen en la "tentación" de "pagar favores", de captar "adeptos", politizando la administración, acomodando puestos a altos cargos cuando dejan de serlo con salarios entre 45.000 y 50.000 euros y limitando así la carretera profesional a los funcionarios que sólo puedan aportar méritos y no contactos políticos.

Y esto se produce, ha dicho, gracias a un decreto que no se cambia y con gobiernos de todas las combinaciones posibles. Hasta el punto de que un ejecutivo entrante acomode puestos a afines del saliente. "Entre bomberos no se pisan la manguera", ha ironizado, al tiempo que ha insistido en que lo más grave es que son personas premiadas "de por vida", lo que trasluce una administración "diseñada a la medida" con una regulación que adolece de cualquier principio de transparencia.

Ante esta situación, CCOO reclama un cambio inmediato en el decreto que permite las "irregularidades que orbitan alrededor de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo", y que tendría que evitar la ley de función pública pendiente desde hace doce años, además de la vuelta de los representantes de los trabajadores a los espacios de negociación, de los que salieron hace más de quince años por no respaldar los cambios en las RPT.

El sindicato también reclama que todos los cambios se incluyan en el portal de transparencia para que se puede ver la verdadera dimensión de lo que ocurrido para que los partidos dejen de usar la administración "como si fuera suya".