El lento proceso de conversión del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en una dirección general dependiente de la consejería de Desarrollo Rural ha tropezado de nuevo con las críticas de los sindicatos. A raíz de un informe elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón en el que se recomienda una integración de sus trabajadores en la estructura del Ejecutivo «con todos los derechos adquiridos», CCOO ha denunciado que este cambio significaría «dar validez al proceso clientelar que ha sido, en buena medida, la contratación laboral» dentro del organismo, según se ha denunciado en múltiples ocasiones.

La organización sindical expresó ayer en un comunicado que se opondrán «de forma frontal» a cualquier forma de integración de los trabajadores del IAA en la DGA que no sea mediante los elementos que, durante años, «se han ido conformando para este tipo de situaciones». Para ello, señalan, existe la figura de «indefinido no fijo» que permite afrontar situaciones de personal que ha desarrollado sus funciones en organismos públicos y que no ha accedido a dichos puestos con respeto absoluto a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Además, CCOO exigió al Ejecutivo autonómico una mayor información sobre al momento en el que se encuentra e proyecto de disolución del Instituto Aragonés del Agua y la situación de su personal «a través de los medios legalmente establecidos» y recordó que cualquier integración de personal «debe ser objeto de negociación con la representación de los trabajadores no sirviendo como excusa ningún informe no vinculante, tenga este el origen que tenga».

estatuto básico / Según los planes anunciados por el Ejecutivo socialista la conversión en una dirección general permitirá que los 43 puestos de trabajo dependientes del IAA mantengan nivel a través del estatuto básico de los empleados públicos. La DGA anunció este cambio para conseguir una «mejor gestión», «más transparente y eficaz» y «más controlada» a través de los servicios de intervención de la propia comunidad. Este organismo fue el que gestionó en su momento los fallidos planes de depuración y saneamiento.