En un duro comunicado, CCOO volvía a señalar los vínculos familiares con los registradores de la cúpula del Gobierno que impulsa esta ley. "O acaso mentimos cuando manifestamos, ¿no son los privilegios del Gobierno y de sus amigos entregar los registros civiles a los registradores, cuando Rajoy y varios de sus hermanos, la nuera de Gallardón o el director general de los Registros y el Notariado lo son?", recogía la misiva. La supresión afectaría a 3.000 funcionarios en España, según los sindicatos, que, aunque no perdieran su trabajo, si serían trasladados.
