La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha asegurado que "era imperativo" revertir los recortes en Educación del PP al no existir esa situación excepcional y ha lamentado que el PP trajera la "estrategia" de abandonar la Conferencia Sectorial.

Celaá ha explicado a los consejeros, en la primera Conferencia Sectorial de Educación que ha presidido, cómo va a revertir estos "recortes", a través de un anteproyecto de ley, que les "devuelve a las comunidades las competencias" que, según la ministra ha detallado, tenían sobre tres aspectos antes de la reforma del PP de 2012.

Así, la nueva norma, que será una ley ordinaria, dará la posibilidad a las comunidades de derogar el incremento de la ratio de alumnos por aula, el aumento de la parte lectiva del personal docente y los diez días de plazo de sustitución de docentes.

"Estas medidas tiene un impacto enorme en la calidad de la educación" y se impusieron "por motivos excepcionales y una vez desaparecida la causa" hay que retirarlos, ha señalado Celáa, quien ha dicho que se aplicarían en el curso 2019-20.

Según la ministra, una vez presentado a las CCAA este anteproyecto "seguirá los cauces de una ley ordinaria, con la consulta en los distintos órganos y la elaboración de las memorias correspondientes" antes del envío al Consejo de Ministros, entre los meses de septiembre y octubre.

Celáa ha puntualizado que la nueva norma incorpora las propuestas de las comunidades autónomas.

"La filosofía del Gobierno es llegar a acuerdos con el mayor consenso posible", ha dicho la ministra.

Estas serán las que decidan si ponen en marcha las medidas acordadas en el anteproyecto o no, según ha matizado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, quien considera que las CCAA tienen "una concepción equivocada" al considerar que estos cambios les van a suponer un mayor gasto.

Los consejeros del PP han abandonado esta reunión porque consideran que les "deja al pie de los caballos" porque les generará mayor endeudamiento.

Según el consejero gallego Román Rodríguez, las regiones gobernadas por los populares "no van en contra de las medidas" propuestas por Celáa, pero discrepan de las "formas" para hacer esta convocatoria y porque "conlleva a las CCAA a unas fuertes inversiones en educación sin ningún tipo de compensación o aporte económico por parte del Estado".

Para la consejera murciana, Adela Martínez, se trata de "un caso clarísimo de populismo en el ámbito educativo".

"Todos estamos de acuerdo en el objetivo pero no así; este sistema va a generar un agravio entre las distintas regiones", ha lamentado la consejera, quien ha advertido de que el Ministerio "tiene que garantizar que hay igualdad en el territorio español".

Estos argumentos chocan con los de Educación, porque, según Tiana, en el anteproyecto se da a las comunidades "la capacidad de organizarse y no impone ninguna obligación", con lo que serán éstas las que decidan en qué gastarse el dinero que reciben del Estado.

Desde el PSOE, el consejero asturiano, Genaro Alonso, ha valorado la propuesta del Gobierno y ha recordado que el Ministerio "no impone nada, sino que elimina una obligación porque son las CCAA las que cada una deberá organizarse a este respecto".

Por su parte, el representante del País Vasco, Jorge Arévalo, ha mostrado el apoyo a la propuesta de Educación y ha recordado que su comunidad mantuvo "las condiciones del profesorado por convicción".

Frente a las criticas del PP de que vaya a suponer un endeudamiento, el consejero de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha matizado que las medidas se irán implantando progresivamente.

Por su parte, la consejera aragonesa, Mayte Pérez, ha aplaudido la intención de derogar del decreto de racionalización del gasto educativo que demuestra la “voluntad clara y el compromiso de reconstruir el sistema educativo sin abandonar el diálogo” por parte de Celaá y su equipo.

“Hoy se toma una primera medida que avala ese compromiso que las Comunidades reivindicábamos", ha agregado, según un comunicado del Gobierno de Aragón en el que Pérez ha señalado que la norma no solo permitía aumentar ratios y horas para los docentes, sino que suponía más burocracia para los centros.

La consejera de Educación de Aragón ha recordado, no obstante, que el Departamento que dirige ha tratado desde 2015 de revertir esta situación.