Celaya se compromete a que no faltará material

El consejero se pronunció así en respuesta a una pregunta de la diputada de IU, Patricia Luquin, quien recordó a Celaya que hay un déficit de 200 millones de euros para la compra de material médico y que la previsión hasta final de año arroja una deuda debido a que parte del dinero ya se ha empleado y faltan suministros por adquirir. Luquin, en ese sentido, reclamó que no se repitan los "errores" de la pasada legislatura, en la que se retrasaban las facturas al año siguiente, lo que ha supuesto un "agujero" de 351 millones de euros, y que sea "real" la planificación de los gastos del departamento en material sanitario.

Celaya indicó, al respecto, que espera que el Ministerio de Hacienda cumpla su promesa de enviar antes de final de mes la cantidad necesaria para evitar un retraso en el pago a los proveedores de deudas pendientes, y aseguró que su departamento "no va a permitir" lo que ocurrió en el 2013, cuando, intentando cortar el gasto, se desconectó el sistema Serpa, lo que impedía también controlar el abastecimiento de material.

Además, mostró su confianza en que el aumento de impuestos y de las aportaciones del Estado para el año que viene junto con el nuevo presupuesto evite que vuelva a haber un desabastecimiento.

TARJETAS SANITARIAS

Por otra parte, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carmen Susín acerca del número de inmigrantes irregulares que han recuperado la tarjeta sanitaria y las previsiones presupuestarias para su atención, el consejero insistió en que la consejería no puede dar la tarjeta y únicamente ha dado instrucciones para garantizar su asistencia.

Celaya apuntó que hasta el 18 de noviembre se habían inscrito de nuevo 584 ciudadanos extranjeros, una cifra que a Susín le "choca" por cuanto el departamento calculaba en julio que podrían recuperar la tarjeta unos 10.000, y el "colmo de la desfachatez", dijo, es que no se plantea ninguna dotación de recursos humanos y se prevea atender con unos 500.000 euros.

Celaya remarcó que la cifra que se dio en julio parte de la estimación de las 14.400 tarjetas sanitarias que se eliminaron cuando se publicó el decreto en el 2012 e indicó que se prevé que siga habiendo un "goteo" que tendrá un coste de unos 700.000 euros anuales y que no hace falta aumentar recursos humanos ni los presupuestos de salud.