Zaragoza se había convertido en una puerta para la entrada irregular de ciudadanos chinos en España. Así lo ha puesto de manifiesto una operación policial realizada en coordinación con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que se ha saldado con la detención de 23 personas, la imputación de otras ocho y la supervisión de 101 empresas, en su mayoría pequeños negocios, regentados por personas de nacionalidad china y radicados en la capital aragonesa principalmente.
"En torno a cien ciudadanos chinos consiguieron entrar de forma irregular en España en el 2015 gracias a esta estructura", señala un responsable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, que subraya que la mitad de los negocios implicados, casi siempre bares y tiendas de todo a cien y de frutos secos, estaban en la capital aragonesa. "Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, exactamente 23, eran empresas ficticias creadas exclusivamente para conseguir introducir a compatriotas en España", precisa.
PERMISOS
El objetivo de esta trama era la obtención de permisos de residencia y de trabajo, indica el investigador, que destaca que la operación ha trabajado en estrecha colaboración con la embajada de España en Pekín para destapar este caso de inmigración ilegal que se valía de una compleja red que abarcaba desde captadores hasta gestores, pasando por pequeñas tiendas y bares familiares. Este eslabón, el último, despertó sospechas, dado que, por su baja actividad y reducido volumen de negocio, no podía en teoría necesitar mucho personal para atender al público.
A los sospechosos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental e infracciones muy graves a la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los investigadores les acusan de simular relaciones laborales para obtener permisos de residencia y trabajo, derechos sociales y, posteriormente, prestaciones económicas, en perjuicio del erario público.
La operación Pekín, como se denomina oficialmente esta acción, reveló que la forma de actuar consistía en la consecución de un contrato de trabajo inicial en Zaragoza, a través de la figura de un "conseguidor", quien presumiblemente vendía contratos a tiempo completo por un año con los que posibilitar los trámites para la regularización en distintos establecimientos de la ciudad. Una vez concedido el permiso de residencia y trabajo por la Delegación de Gobierno, solicitaban el visado de trabajo y su integración en la Seguridad Social. Los irregulares permanecían en alta en Zaragoza en torno a un mes para aparecer poco después en otras empresas ubicadas en distintas ciudades de España, lo que dificultaba la investigación.
CASOS
Durante el tiempo de alta en Zaragoza, se confirmaron hasta 16 casos en los que nunca se vio al supuesto contratado en su puesto de trabajo. Además, los encargados de los negocios interrogados daban explicaciones incoherentes y contradictorias para justificar estas ausencias.
Los supuestos trabajadores, obtuvieron contrataciones a tiempo completo por un año, a pesar de carecer de experiencia laboral previa en España y desconocer el idioma, haciendo valer la residencia legal previa de otros familiares en distintas ciudades. Estas relaciones laborales fueron declaradas ficticias.
