Menos de un centenar de personas se concentraron ayer a las puertas del centro cívico zaragozano de Delicias para protestar contra el «Estado de represión» y exigir el derecho a la consulta en Cataluña. A pesar de la prohibición por parte de la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5, las Marchas de la Dignidad mantuvieron el acto convocado que acabó desarrollándose en las escaleras de las instalaciones municipales.

Coincidiendo con un concierte de heavy, los portavoces de las marchas trataron sin éxito a las 18.30 horas que el director del centro les permitiese acceder a la sala. «Solo queremos debatir sobre la consulta para que la gente esté informada de lo que le ocurre a la clase trabajadora en Cataluña», le explicó Andrea Gimeno al responsable, Carlos López. «No vamos a hacer apología, solo queremos hablar e informar. Esto es un ataque a la libertad de expresión», continuó.

López se limitó a responder que existe un auto judicial que suspende, tras el recurso presentado por el PP, la celebración de la charla-debate al considerar que está «a favor» de una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

A continuación, la organización instaló una mesa y cuatro sillas en la entrada del centro cívico, en plena calle, y se anunció que el acto se iba a celebrar igualmente, desoyendo la prohibición y bajo una escasa vigilancia policial. El acto se desarrolló sin incidentes.

COLOQUIO

Bajo la atenta mirada de la bandera española y aragonesa que colgaban en uno de los balcones del edificio ubicado justo enfrente del centro cívico, los portavoces de las Marchas por la Dignidad leyeron un manifiesto que denunciaba «enérgicamente este acto represivo contra la libertad de expresión por del PP y del Gobierno central que instrumentaliza al poder judicial para sus intereses políticos» así como la «represión judicial, política y policial que está llevando a cabo el Gobierno el PP, con la complicidad de C’s y PSOE contra todo aquel que apoya el 1-O o simplemente quiere debatir al respecto».

Tras la lectura, único momento en el que se gritaron los lemas de libertad de expresión y derecho a decidir, se fue diluyendo la asistencia de forma progresiva. Pocas fueron las figuras políticas que acudieron. Se pudo ver a los ediles de Zaragoza en Común (ZeC) Teresa Artigas y Pablo Híjar, así como a los portavoces del grupo que exigieron una «solución «pacífica» al conflicto y protestaron contra el «recorte de derechos y libertades».

En el desarrollo del debate quedó patente el apoyo a referéndum de sus ponentes. Desde Resisteix Lleida hicieron un llamamiento a la organización de comités de defensa de los colegios electorales. «No es una cuestión de estar a favor o en contra del referéndum, es luchar por un derecho», aseguró después de acusar en reiteradas ocasiones al Estado de «represivo, fascista» e, incluso, de mencionar en su discurso la gestión realizada para acabar con la banda terrorista ETA.

«Son fascistas y nos están avisando con los cruceros de la represión llenos de policías pagados con nuestro dinero de que no se va a realizar la consulta», prosiguió bajo un escaso público, silencioso y tímido a la hora de aplaudir las consignas políticas.

Desde Cobas mantuvieron el discurso de que el Gobierno «no es garante de los derechos constitucionales».

El acto se aprovechó para exigir «el derecho al trabajo» y al «no pago de la deuda».