El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, afirmó que hay 1.300 expedientes pendientes de recibir autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
En este sentido, reclamó al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que simplifique y agilice la carga burocrática para no «eternizar» la tramitación de inversiones y proyectos en un momento de necesidad como el actual, sobre todo en sectores como las energías renovables y la agroalimentación.
Explicó que en torno a 900 expedientes están relacionados con granjas agrícolas y el resto son de industrias. Según Mur, su desbloqueo supondría una inversión económica importante e inmediata en proyectos viables, «que generarían empleo y ayudarían a asentar población en el territorio». «Toda la parte del sector primario, agroalimentario, de renovables y de ampliación de fábricas requiere informes del Inaga y se produce un tapón reclamado desde hace meses», señala.
El director de Inaga, Jesús Lobera, agradece el interés de CEOE y «que utilicen a Inaga como termómetro de la gestión», pero lo considera «excesivo», analizando que en el instituto 70 personas realizan una gestión ambiental, no burocrática. «Valoramos proyecto a proyecto, nuestro trabajo es en un 95% de tipo técnico, no administrativo», justifica.
Lobera afirmó que se trata de menos de 1.200 expedientes, «una cifra, por desgracia, relativamente habitual en el Inaga», añade. Alrededor de 250 se corresponden con informes a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), entre 200 y 250 más con informes de licencias de actividad clasificada de los ayuntamientos, «que no hemos podido resolver porque el estado de alarma impide convocar las comisiones técnicas de calificación», indica. Y un centenar se corresponde con autorizaciones ambientales integradas de autorizaciones industriales. «Es mucho, pero no se trata de una paralización burocrática», declara. La cifra es el 10% de las 13.000 resoluciones totales tramitadas al año.
