El presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha abogado por unos presupuestos de 2017 con mayor esfuerzo en inversión productiva, tras las drásticas reducciones de ejercicios anteriores, y ha advertido de lo negativo que resultaría para el tejido empresarial y la ciudadanía una prórroga de las cuentas.

Así lo ha señalado Callizo con motivo de la reunión que ha mantenido hoy el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Aragón para analizar diversos asuntos de interés empresarial y económico y a la que ha asistido el portavoz de Economía del PP y diputado autonómico, Ricardo Oliván, informan fuentes de la organización empresarial en una nota de prensa.

Un encuentro en el que se ha hablado del borrador de presupuestos presentado ayer por el Gobierno de Aragón, que la CEOE necesita analizar en profundidad antes de valorarlo para ver en qué medida este documento puede plasmarse en un proyecto definitivo, en función de las negociaciones y pactos entre los diferentes grupos parlamentarios y de la evolución de los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto al Acuerdo nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que debe sentar sus bases para 2017, la Confederación respalda la recomendación de CEOE, en cuya adopción participó ayer en su Junta Directiva, de una subida de hasta el 1,5 % y otra adicional de hasta el 0,5 % vinculada a la productividad de las empresas y la reducción del absentismo laboral.

Callizo ha recalcado la necesidad de negociar en este aspecto "con los pies en el suelo", teniendo en cuenta que solo un 42 % de las empresas están en beneficios, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, que la subida media pactada en los convenios de este año ha sido del 1,09 %, y la moderación de las previsiones de crecimiento económico para este año.

En opinión de Callizo, plantear aumentos salariales alejados de esta realidad pondría en riesgo la consolidación y creación de empleo, sumado a otros factores que ya inciden negativamente en ellas y en la actividad empresarial como son las últimas medidas fiscales sobre las empresas tanto nacionales como autonómicas.