CEOE Zaragoza ha mostrado hoy su rechazo a la municipalización del servicio de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento de la capital aragonesa y ha anunciado que estudiará la interposición de medidas legales contra la decisión.

Así ha informado hoy la organización de empresarios en un comunicado en el que han afirmado que la decisión "obedece a criterios ideológicos y no de eficiencia y sostenibilidad, además de no contar con los informes legales ni con la mayoría del Pleno necesarios para tomar una decisión de estas características".

Además, CEOE Zaragoza ha mostrado su preocupación a que se abra la puerta a la municipalización de otros servicios prestados a través de contratas con empresas privadas "sin tener en cuenta la calidad del servicio que reciban los ciudadanos, sus costes y sostenibilidad a medio y largo plazo para las arcas municipales".

En el comunicado ha juzgado como "muy dudoso" que los trabajadores de las empresas puedan ser subrogados directamente por la Administración "bien en la condición de funcionarios o de personal laboral sin superar las oportunas oposiciones o concursos públicos", un hecho que, según ha afirmado, genera "falsas expectativas" entre los trabajadores de las contratas.

Así, el texto critica también que con las municipalizaciones "quedan totalmente desprotegidas los cientos de personas que superaron un proceso de selección" y se encuentran en la bolsa de trabajo, junto a "la expectativa de aquellas que están preparando una oposición" para el Consistorio.

Desde la patronal zaragozana entienden que la gestión externa de servicios públicos por empresas especializadas "permite mayor flexibilidad y supone una mayor eficiencia y un ahorro de costes para la Administración y, por tanto, para los ciudadanos".

Por último, han mostrado su conformidad con que las Administraciones "deben exigir el cumplimiento escrupuloso de lo establecido en los pliegos de las contratas" pero, al mismo tiempo, han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que "las condiciones económicas con que se aprueban las licitaciones garanticen la posibilidad de prestar servicios de calidad, con exigencias y precios mínimos adecuados".